Elecciones 2015: Los poderes regionales

Por: Harald Waxenecker.

En seguimiento al ensayo Poderes regionales y distorsión ilícita de la democracia guatemalteca y analizando los resultados preliminares del proceso electoral, -tan reciente como extraordinario-, es importante compartir primeras reflexiones sobre la dinámica de la perpetuidad de los poderes regionales en el sistema político guatemalteco.

Los poderes regionales

El ensayo mencionado demuestra „la perpetuidad de un alto porcentaje de las diputaciones distritales en el Congreso de la República, -mediante una compleja dinámica de transfuguismo e intercambio electoral-mercantil-, constituyéndose como Grupos de Poder Regional (GdPR)1 en un contexto de profundas transformaciones contextuales y de fuerzas políticas unipolares y raccionadas. Este fenómeno no puede analizarse al margen de poderes políticos, económicos, (ex)militares y criminales que en su conjunto crearon y consintieron zonas grises en un escenario de corrupción sistemática, desmantelamiento arbitrario del Estado y criminalidad compleja.

Este fenómeno no puede analizarse al margen de poderes políticos, económicos, (ex)militares y criminales que en su conjunto crearon y consintieron zonas grises en un escenario de corrupción sistemática, desmantelamiento arbitrario del Estado y criminalidad compleja. En el país se identifican al menos 34 GdPR, consolidados0 o en formación-, y 5 clanes familiares de poder local; cuyos hilos de poder traspasan 21 departamentos y se han constituido en un fenómeno de importancia nacional con la capacidad sostenida de influir, negociar, definir y operar en la institucionalidad democrática central, regional y local. En especial, la adjudicación descentralizada de contratos públicos constituye el terreno natural de influencia y poder de los diputados distritales. Su posición privilegiada en el Congreso permite control y manipulación de las ejecuciones gubernamentales a través del Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera, -conocido como Listado Geográfico de Obras-, cuyos presupuestos aprobados oscilaron anualmente entre 10.9 y 14.6 mil millones de Quetzales desde el 2006” (Waxenecker, 2015: 36).

Estas articulaciones de poder en torno a algunos alcaldes y diputados, -de acuerdo al informe El financiamiento de la política en Guatemala-, “son el elemento constitutivo y, en buena medida, explicativo del sistema político guatemalteco: permiten articular la política local con la nacional, son la pieza central para el financiamiento ilícito de la política y, a la larga, han posibilitado la continuidad del sistema. Estas estructuras, lideradas por lo que la prensa ha denominado como «señores feudales» o «caciques», constituyen redes políticoeconómicas ilícitas (RPEI) de carácter regional (…) Las RPEI han constituido estructuras complejas en torno a algunos diputados distritales y que incluyen a alcaldes, empresas constructoras, oenegés y operadores/intermediarios locales que permiten que el diputado pueda mantener una base política y financiera en torno a su persona. A partir de ese mecanismo, este diputado puede pasar, según su conveniencia, de un partido a otro, utilizando los recursos públicos para financiar la estructura y enriquecerse (…) Los líderes de estas estructuras se benefician tanto por la vía del enriquecimiento ilícito a través de la obra pública, como por la conservación y ampliación de una base electoral y la negociación de otras prebendas con diversas estructuras similares.” (CICIG, 2015:26).

Por tanto, la infiltración del Estado, -especialmente del Congreso de la República-, por estas redes ilícitas afectó “la legitimidad de una institución fundamental para el Estado de derecho, por ser la rama encargada de promulgar las leyes de la República. Este fenómeno llevó [también en el caso de la parapolítica en Colombia] a una situación paradójica y problemática para la consolidación democrática de un Estado: La legitimidad de ciertas leyes puede incluso ponerse en duda, porque su cumplimiento puede llegar a favorecer intereses excluyentes o incluso criminales, en detrimento del interés común que exige el Estado de derecho” (Garay Salamanca/Salcedo- Albarán, 2012: 38).

“Se trata de la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca” (Waxenecker, 2015: 39), “generando un círculo vicioso que afecta a la política, la economía y la sociedad en su conjunto” (CICIG, 2015: 105).

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Prensa Comunitaria Km. 169

Historiador, fotoperiodista, formo parte del equipo de investigación de Prensa Comunitaria.

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