“El sistema de justicia de este país ha sido cooptado”

Texto y fotografías: Santiago Bastos

“El sistema de justicia de este país ha sido cooptado”, fue una de las conclusiones que expuso el Licenciado Édgar Pérez Archila, del Bufete de Derechos Humanos, al comentar la sentencia que emitió la Jueza Yassmín Barrios, hace ya casi un año respecto al caso de la criminalización de autoridades comunitarias de Barillas y Santa Eulalia, en Huehuetenango.

La sentencia, parcialmente absolutoria (hubo algunos casos que no se pudieron cerrar) supuso un hito en la jurisprudencia guatemalteca, pues no sólo reconoció la acción de las autoridades en la defensa del territorio como legítima, sino que consideró que se había dado un comportamiento irregular por parte de las autoridades judiciales de Huehuetenango implicadas en el caso. Así decía la Juez en su alocución final

Ya entendimos que se quiere criminalizar a la conducta de los líderes ancestrales y comunitarios por lo que les pedimos a los respetables fiscales que no criminalicemos las comunidades indígenas 

El licenciado Pérez fue más explícito al declarar que “el Centro de Administración de Justicia (CAJ) de Santa Eulalia fue cooptado por una empresa; jueces y fiscales conspiraron contra las autoridades que defendían sus territorios”, refiriéndose a Hidro Santa Cruz, empresa de capital español que, según se desprende de la sentencia, estuvo detrás de la campaña de persecución penal contra autoridades comunitarias de los dos municipios desde el año 2013, y que culminaron en un proceso conjunto llevado por el Tribunal de Alto Riesgo en julio del año pasado.

El día  27 de junio se celebró en el salón Larrazabal del Congreso de la República el Foro “Reflexiones sobre los casos de criminalización de Santa Cruz Barillas y Santa Eulalia, Huehuetenango”, convocado por el Diputado Leocadio Juracán y el Bufete de Derechos Humanos, para presentar y entregar el documento que recoge los elementos más importantes de esa sentencia a representantes de diferentes dependencias de los tres poderes.[1]

Don Francisco Juan, uno de los siete detenidos, explicó cómo actuó esa criminalización en su caso:

Tengo 68 años, me acusaron de secuestrar a trabajadores de la empresa en una actividad en la que no estuve. Después también me acusaron de secuestrar a 28 o 30 trabajadores del CAJ mientras yo estaba engrilletado. El 22 de julio pasado nos alcanzó la justicia, se demostró que éramos inocentes y ellos habían mentido 

Según la Doctora Gladys Tzul, que realizó un peritaje titulado “El rol de las Autoridades Ancestrales de los pueblos indígenas en la resolución de conflictos sociales”, esta persecución tenía una intención muy clara: “cuando capturaron a las autoridades, el Ministerio Público buscaba desmembrar a la comunidad, quitarle la cabeza”, pues históricamente las comunidades indígenas se han autogobernado a partir de unas autoridades nombradas por la asamblea comunitaria, que ahora se han convertido en quienes encabezan la lucha contra la “ocupación capitalista de los territorios”.

El licenciado Benito Morales, que con Édgar Pérez formaron parte del equipo de defensores de las autoridades comunitarias, declaró que este caso de persecución formaba parte del  despojo despiadado al que están siendo objeto los pueblos indígenas prácticamente desde que se firmaron los Acuerdos  de Paz en 1996, pues ahí también se promulgó la Ley General de Energía Eléctrica y al año siguiente  se reformó la Ley de Minería, lo que supuso la “legalización del saqueo” y el inicio de la disputa actual sobre los territorios y los bienes naturales de los pueblos indígenas.

Reforzando esta idea del despojo de sus bienes, Rigoberto Juárez, autoridad ancestral de Santa Eulalia, coordinador del Gobierno Ancestral Plurinacional Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Mestizo y también preso durante 16 meses de forma injusta, recordó que el actual es “el sexto despojo que sufren los pueblos indígenas desde hace 493 años”, y que una vez más se busca “exterminar y desposeerles de sus territorios” .  Para argumentar esta afirmación planteó que:

“en territorio Q’anjobal hay 27 licencias de explotación concedidas, a 20 km2 la licencia ¿dónde queda nuestro territorio? También hay 23 licencias de generación de energía eléctrica. Si tenemos unos 15 ríos con capacidad ¿de dónde vamos a sacar el agua?”   

Haciendo referencia a la persecución de la que han sido objetos las autoridades comunitarias en el territorio q’anjob’al, y por la que aún muchas personas no pueden salir del territorio por el miedo a ser aprehendidos,  terminó planteando que “ninguna de las personas causantes de los conflictos en el territorio, ninguna de las personas que ha matado a nuestros hermanos, está en la cárcel”

Para finalizar el acto, se entregaron ejemplares del documento a los representantes presentes de las instancias convocadas: Ministerio Público, Ministerio de Energía y Minas, Comisión Presidencial para el Diálogo, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Defensa, Corte Suprema de Justicia y otras.

[1] Extractos de la sentencia parcialmente absolutoria de las autoridades ancestrales de Santa Cruz Barillas y Santa Eulalia de Huehuetenango y de otras resoluciones del caso. Guatemala: Bufete de Derechos Humanos, 2017

 

 

 

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