Por: Simón Antonio
El pasado jueves 20 de septiembre, a nivel nacional se realizaron movilizaciones sociales en diferentes horarios. Participaron estudiantes, autoridades ancestrales, organizaciones sociales y la población en general. Similar a la movilización que se realizó el año pasado en la misma fecha bajo los mismos parámetros.
Este año quienes motivaron esta movilización fueron los mismos actores, encendidos por el Colectivo Ciudadanos de Quetzaltenango, la Diócesis de Santa Cruz del Quiché y varios centros educativos a nivel nacional. Posteriormente se unió la voz de la Asociación de Estudiantes Universitarios, llamando a los estudiantes de centros regionales a unirse al Paro del 20 de septiembre, así como a otras organizaciones sociales que se integraron a la postre.
Esta movilización llamada Paro 20 de septiembre, exige la renuncia inmediata del presidente Jimmy Morales; el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart; la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel; por impedir el ingreso del comisionado Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) el 3 de septiembre, ratificando esta descabellada decisión el 17 de septiembre, a pesar del mandato de la Corte de Constitucionalidad que ordenó el ingreso del comisionado colombiano a nuestro país el 16 de septiembre. El mismo mandato fue ratificado este miércoles 19 de septiembre. La decisión del gobierno es a claras luces una manera de obstruir el proceso penal que involucra al presidente en un proceso de antejuicio por financiamiento electoral ilícito.
El segundo hecho que se exige en la movilización es la prórroga del mandato de la CICIG, que termina el 3 de septiembre de 2019, por dos años más. El presidente Morales anunció el 31 de agosto que el periodo de funciones de la CICIG no se renovaría el próximo año, a pesar de que a este organismo extraordinario le queda mucho para sentar bases seguras en el tema de la lucha contra la impunidad. Amarrado a este hecho, desde el 31 de agosto se ha desarrollado un despliegue militar en crescendo a nivel nacional, que se intensificó el 12 de septiembre en la ciudad de Guatemala, el 14 de septiembre en varios municipios del país, y el 15 de septiembre insertándose en la parafernalia de los desfiles escolares.
La crisis política que motiva la movilización social de este año, parece reeditar el contexto del año pasado. La animadversión de Morales por la CICIG, llegó al punto de declarar non grato a Iván Velásquez, dos días después de que el Ministerio Público y CICIG presentaran un antejuicio en su contra, por el delito de financiamiento electoral ilícito.
Hoy tenemos un presidente con antejuicio y un país militarizado por una decisión gubernativa que violenta los Acuerdos de Paz. A pesar de la arrogancia del gobierno ante los muchos llamados a recapacitar por parte de la comunidad internacional, la población guatemalteca desde distintos sectores (campesino, estudiantil, sindical, etcétera) tomaron los parques, las carreteras, las plazas y otros espacios públicos para manifestar su repudio al gobierno.
Jimmy Morales, y su gabinete, prolonga la crisis, generando escenarios de incertidumbre. El pueblo de Guatemala no ha dejado de denunciar los atropellos y abusos de autoridad que afloran en este contexto. Se realizaron movilizaciones el 10 de septiembre, por parte de la población maya kaqchikel en Sololá, en coordinación en la Municipalidad Indígena de Sololá; el 11 de septiembre, por parte de los 48 Cantones del pueblo maya k´iche´ de Totonicapán; y el 12 de septiembre por parte de la movilización del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA).
El 20 de septiembre representa un día para exigir justicia. En el año 2016, el 19 de septiembre, se decretó un estado de sitio a nivel nacional bajo la excusa de arreglar las carreteras. El 20 de septiembre se anuló la medida que restringía nuestros derechos. Por lo dicho, no podemos olvidar el 20 de septiembre, y más bien, es un deber impulsar más paros del mismo tipo.
