Detienen a Agustín Wachapá, presidente de la Federación Shuar en Ecuador

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Por: Andrea Ixchíu Hernández

El pasado 21 de diciembre, fue detenido Agustín Wachapá, presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) en la provincia de Morona Santiago al sureste de Ecuador,  acusado de “llamar públicamente a la agresión a la fuerza pública, y al enfrentamiento ciudadano”.

La comunidad Shuar de Nankints fue desalojada desde agosto del 2016 para dar paso a la construcción del campamento minero “La Esperanza”, propiedad de la empresa china Explorcobres SA. Esta empresa mediante orden judicial reclamó como suyos territorios indígenas Shuar, pues el gobierno ecuatoriano le dio licencia para instalar el proyecto minero sin consulta previa y sin consentimiento de las comunidades que serán afectadas.

En un comunicado emitido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador -CONAIE- se indica que el gobierno de Ecuador ha considerado esta mina como la segunda mina más grande de cobre en el mundo, por lo que las concesiones a la empresa China sobrepasan las 41 mil hectáreas y están ubicadas en el cantón San Juan Bosco de la provincia de Morona Santiago en la Amazonia sur de Ecuador  y que desde el desalojo sufrido en agosto, la comunidad se encuentra militarizada.

En el mes de  noviembre varias personas del Pueblo Shuar intentaron recuperar el territorio indígena de Nankints, por lo que se produjeron enfrentamientos con la policía y militares que resguardan el campamento minero, dejando varios heridos. Hubo un llamado al diálogo con el gobierno de parte de las autoridades de las comunidades para evitar nuevas confrontaciones entre la fuerza pública e indígenas Shuar, pero nunca se llegó a un entendimiento.

El pasado 14 de diciembre se produjo un nuevo enfrentamiento en el campamento minero, que dejó un policía muerto y siete, entre policías y militares, heridos. Tras estos hechos, el gobierno ecuatoriano decretó Estado de Excepción en la provincia de Morona Santiago por 30 días.

La captura de Agustín Wachapá se suma a la de otras seis las personas detenidas en el marco de las investigaciones por estos hechos sucedidos en Nankints, se acusa además a Agustín Wachapa de “portar objetos relacionados con el hecho que se investiga, tales como materiales explosivos, armas artesanales o no, pólvora, municiones, panfletos, computadoras, cámaras fotográficas, videograbadoras, celulares, tabletas, comunicaciones, actas, que pudieran ser utilizadas para perpetrar actos en contra de la vida e incitar enfrentamientos armados que conmocionan el orden interno y la seguridad ciudadana en general”.

Durante su captura las oficinas de la FICSH fueron allanadas. desde la página “Resistir es mi Derecho”, se denuncia que el allanamiento de la sede se produjo con total abuso de autoridad y violencia en horas de la madrugada, dónde los agentes policiales y militares causaron destrozos en las oficinas que sirven para la gestión de las actividades educativas, de salud y territoriales de la nación shuar, así como de la radio comunitaria Arutam.

Apawki Castro, comunicador comunitario de pueblos y nacionalidades de Ecuador, indicó mediante una entrevista que tanto el estado de excepción como la detención de Agustín Wachapá son parte de una arremetida del gobierno contra quienes piensan distinto y que esta detención es parte de una política de persecución y criminalización de la protesta social implementada hace décadas y que recrudeció ante las acciones y movilizaciones realizadas por los pueblos durante el 2015 en rechazo a las políticas extractivistas del gobierno de Rafael Correa.

“Son más de 120 personas judicializadas en Ecuador producto de las movilizaciones del 2015. 44 personas ya guardan prisión y ha sido sentenciadas por salir a protestar,  hay registrados más de 700 casos de personas que sufren persecución política” indicó Castro y agregó: “El caso de Agustín no es un hecho aislado, es una estrategia del gobierno. Es bueno recordar el uso del sistema de justicia, la policía y los militares al servicio de los compromisos del Presidente con empresas extractivas.”

A todas las personas perseguidas y judicializada, mencionadas por Castro, autoridades indígenas, defensores del territorio, campesinos, trabajadores, jóvenes, estudiantes, comunicadores comunitarios, defensores y defensoras de derechos humanos, se les ha acusado de instigar al desorden y de otros delitos graves, hechos que justifican desde la detención arbitraria hasta serios abusos en contra sus derechos humanos.

Agrega Apawki: “Criminalizan a quienes se atreven a cuestionar las malas decisiones del gobierno y con eso justifican las respuestas negligentes a las demandas de los pueblos. Prefieren criminalizarnos que atender a nuestras necesidades. En Ecuador a pesar de los avances conseguidos por los pueblos, como el reconocimiento de la plurinacionalidad, se siguen violentando nuestros derechos, por la ceguera de instalar un progresismo basado en una noción de desarrollo que sobrepone el dinero sobre la vida y que luego sale ante la opinión internacional con un discurso que maquilla los problemas nacionales, ya que las políticas públicas no favorecen ni los indígenas, ni a la clase popular, sino han que han venido a beneficiar a los ricos y las empresas transnacionales.”

Las organizaciones indígenas de Ecuador además hacen un llamado a la solidaridad de otros pueblos y a la denuncia internacional de estas graves violaciones a los derechos humanos.

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