Texto y fotografía: Chiapas Paralelo
El pasado viernes 2 de junio, cerca de 700 personas de la comunidad de San Andrés en Laguna Larga, municipio de La Libertad en Petén, Guatemala, fueron desplazadas de manera forzada de sus tierras tras el anuncio de un desalojo masivo y el desplazamiento de más de mil efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército de Guatemala. Las personas no tienen otro camino posible que dirigirse hacia la frontera con México a la altura del municipio de Candelaria, Campeche, a donde llegaron hacia la tarde de ese día, a siete kilómetros del Ejido El Desengaño.
Hasta el momento nos reportan que entre estas 700 personas se encuentran principalmente niños, niñas, mujeres y adultos mayores, quienes están en una situación de emergencia humanitaria, tras haber recorrido en plena época de lluvias varios kilómetros de selva para llegar al poblado más próximo ubicado ya en lado mexicano. Se reporta una situación de crisis médico-humanitaria, con niños y niñas que presentan enfermedades gastrointestinales y cutáneas, alojados en 35 carpas en mal estado y sin suficientes alimentos ni medicinas. A pesar de lo anterior, las autoridades federales presentes impiden a las personas acudir al poblado más próximo bajo amenaza de deportarlos. El día de hoy lunes nos reportan a un menor con fractura de brazo que no puede ser atendida por el temor provocado por las mismas autoridades en la zona.
En una primera visita por parte de organizaciones locales al Ejido El Desengaño, a donde se encuentran varadas hasta ahora en la línea fronteriza, representantes de la comunidad desplazada señalan que fueron recibidos por una comitiva del Gobierno de México y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quienes ya sabían que llegarían a ese lugar; sin embargo, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) les han intimidado y amenazado durante este fin de semana, diciéndoles que si continúan su camino en México serán detenidos y deportados inmediatamente a Guatemala.
Por su parte, el Comisionado del INM, Ardelio Vargas Fosado, al momento de pedir personalmente la debida atención de la situación, señaló que el Gobierno mexicano no comprará problemas de extranjeros, en lo que suponemos una referencia a que la postura del Gobierno Federal será negar la condición de refugiadas para estas personas. Por lo que como organizaciones de la sociedad civil que acompañamos en esta situación, nos preocupa una respuesta de violación a los derechos humanos para las personas desplazadas, pues vienen huyendo para salvar su vida y su integridad desde Guatemala. Se da un caso de violación al derecho de asilo y principio de no devolución, compromisos que ambos gobiernos están obligados a cumplir por ser mandatos de Naciones Unidas.
De parte del Gobierno de Guatemala, de acuerdo a un artículo de Prensa Libre, el desalojo se fundamenta en “una orden de desalojo emitida por un juzgado de Petén, (donde) el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) argumenta como pretexto la conservación de la biósfera, pero se niega y entorpece cualquier proceso o alternativa que resuelva el reconocimiento de la población que habita dentro de la Laguna Larga, la Sierra Lacandona y la Laguna del Tigre”.
Ante lo anterior, se hace un llamado a la sociedad en general, organizaciones civiles, colectivos y medios de comunicación para que difundan esta situación a efecto de recabar víveres y artículos de primera necesidad que puedan ser trasladados al Albergue La 72 en Tenosique, Tabasco, desde donde serán trasladados al terreno donde se encuentran en campamento las familias desplazadas.
Finalmente, instamos y exigimos a los gobiernos de México y Guatemala, que se reúnen el 5 y 6 de junio en ciudad Guatemala, que coloquen esta emergencia como punto fundamental de su agenda, y garanticen plenamente los derechos humanos de la población desplazada de sus tierras en Laguna Larga, Petén, Guatemala y refugiada en Campeche, territorio mexicano. Que cumplan con sus obligaciones en materia de asilo, refugio y protección internacional de acuerdo a los tratados y leyes en la materia. Así también respetando los compromisos asumidos ante Naciones Unidas en relación con los Desplazamientos Forzosos, donde claramente se mandata que los desplazamientos no deben generar personas sin hogar o vulnerables a la violación de otros derechos.
Al Gobierno de Guatemala, instamos y exigimos que respete y resuelva con base en las diligencias judiciales que se han interpuesto; que entable cuanto antes un diálogo abierto y honesto con la población desplazada y sus representantes, que sean respetados sus derechos humanos y se les permita la inmediata recuperación de sus tierras y de su único patrimonio: la tierra donde cultivan sus alimentos y resuelven sus necesidades básicas, derechos constitucionales que el Estado de Guatemala ha incumplido.
Guatemala-México; 5 de junio de 2017
Redes y organizaciones firmantes:
Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género (Guatemala-México)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República Mexicana):
Misión internacional de Observación de Derechos Humanos frontera Guatemala – México
Movimiento de Resistencia Civil de Candelaria, Campeche
Equipo Indignación, A.C.
La 72, Hogar Refugio para Personas Migrantes, A.C.
