* Portavoz: Ravina Shamdasani
18 de mayo de 2018. Nos preocupa lo que parece ser un clima en deterioro para la defensa de los derechos humanos en Guatemala. En los últimos 10 días, tres defensores de derechos humanos que trabajaban con organizaciones de derechos de los pueblos indígenas y de campesinos fueron asesinados.
El 9 de mayo, Luis Marroquín, del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), organización de la sociedad civil que trabaja en los derechos de los campesinos y pueblos indígenas, fue asesinado en de San Luis Jilotepeque, Jalapa. El 10 de mayo, José Can Xol, líder comunitario del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), fue asesinado en la comunidad de Choctún Basilá en Cobán, Alta Verapaz. Y el 13 de mayo, otro miembro de CCDA, Mateo Chamán Paau, fue asesinado en la comunidad de San Juan Tres Ríos, Cobán, Alta Verapaz.
Las dos últimas comunidades, Choctún Basilá y Tres Ríos, están involucradas en procesos para garantizar los derechos a la tierra y han estado trabajando con el Gobierno en un acuerdo que aborda más de 50 conflictos de tierras en el país. Otros integrantes de estas organizaciones también han sufrido amenazas y ataques en los últimos meses, los cuales han sido documentados por la Oficina del Alto Comisionado.
Hacemos un llamado a las autoridades a investigar prontamente estos asesinatos y otros ataques y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos, y a garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. También instamos al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar un entorno seguro y propicio para que defensoras y defensores de derechos humanos realicen su trabajo libres de amenazas y ataques.
Compartimos la profunda preocupación sobre la protección de los pueblos indígenas que reclaman su derecho a la tierra, expresada por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, durante su visita a Guatemala a principios de este mes, cuando se reunió con representantes de las dos organizaciones a las que pertenecían los defensores de derechos humanos asesinados.
También hemos observado con preocupación campañas de desprestigio contra periodistas y medios de comunicación independientes, funcionarias y funcionarios del sistema de justicia, organizaciones de la sociedad civil, defensoras y defensores de derechos humanos y otros actores involucrados en la lucha contra la corrupción y la impunidad del pasado y del presente.
Hacemos un llamado al Estado para que aborde estas cuestiones como parte de sus esfuerzos para fortalecer el Estado de derecho, la protección del derecho a la libertad de expresión y la independencia judicial, y la lucha contra la impunidad y la corrupción. Confiamos en que el Gobierno cumpla con su compromiso de avanzar con la adopción de una Política Pública sobre Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, con la participación de la sociedad civil a nivel local y nacional. También reiteramos el llamado del Alto Comisionado que exhorta al Estado a fortalecer la Instancia de Análisis de Patrones de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos.
Nuestra Oficina en Guatemala continuará monitoreando estos casos, brindando apoyo a las víctimas y proporcionando asistencia técnica a las instituciones estatales pertinentes, así como a la sociedad civil.
