Por: Rony Morales
Este 9 de mayo, dos años después, el Ministerio Público (MP) pidió que el juez dictaminara una sentencia de dos años y medio de cárcel a doce indígenas mayas q´eqchi de la aldea Samococh, por el delito de detención ilegal contra miembros de la Policía Nacional Civil (PNC). Por su lado, la defensa de los sindicados dio a conocer que el MP no contaba con los argumentos suficientes y que no existía delito alguno. Sin embargo, el juez unipersonal Williams Arturo Chen suspendió la audiencia debido a que necesitaba tiempo para estudiar y dar un dictamen, y la aplazó hasta el 10 de mayo del presente año a las 13: 00 horas.
El 15 de agosto de 2014 en Samococh, aldea de Chisec, Alta Verapaz, unos miembros de la PNC participaron en un fuerte operativo y realizaron varios desalojos violentos, allanamientos y violaciones a los derechos humanos de la población. Este operativo buscaba detener a líderes y lideresas comunitarias del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) esto por la problemática provocada por la empresa transnacional Energuate en esa región. Como resultado de sus acciones, fueron asesinados tres comunitarios: Sebastián Rax Caal de 29 años de edad, Luciano Can Cujub de 40 años y Oscar Chen Quej de 22 años.
La voz corrió rápidamente a otras comunidades y la solidaridad se hizo sentir. Muchas comunidades hicieron asambleas, se reunieron y tomaron una decisión: la agresión contra el pueblo q’eqchi’ es una agresión contra todos los pueblos. Desde los días jueves y viernes siguientes, varias comunidades se sumaron en apoyo a las familias de las comunidades de Samococh, Monte Olivo y la Nueve de febrero.
En esos días, miembros de la PNC desalojaron a varios comunitarios de la aldea Samococh, quienes realizaron una manifestación y resistencia pacífica en contra de la instalación de proyectos hidroeléctricos que vulneran su territorio q’eqchi´.
La PNC realizó 22 detenciones de personas el día viernes 15 de agosto 2014 en la comunidad de Samococh Chisec Alta Verapaz criminalizándolas y llevándolas a juicio. Esto quiere decir que se estigmatiza, se acusa, se persigue penalmente y se encarcela a quienes simplemente se oponen a estos proyectos, por considerarlos nocivos para la vida. Muchas veces la criminalización se hace en contra de dirigentes sociales.
Doce comunitarios estuvieron presos durante un mes y medio. Luego se les concedió libertad condicional gracias a una medida sustitutiva, tuvieron que firmar un acta de asistencia en las oficinas del MP de Chisec cada 15 días. Luego se cambió para cada mes y a hasta ahora, mientras esperan el fallo del Tribunal Segundo de Sentencia Penal.
.Durante ese día, miembros de poblados próximos mencionaban: “¿Qué le espera a un país que abusa de las comunidades y deja a las personas sin hogar? Ya que el ejército no pudo cumplir con los planes de exterminio indígena durante la guerra, ahora los empresarios emplean el sistema de justicia. En nombre de la libre empresa y sus derechos, se asesina a los que se oponen al saqueo de la riqueza natural”.
Durante la madrugada del sábado 16 de agosto de 2014, en varios puntos de las carreteras de Cobán, miles de personas hicieron sentir su descontento por tanta agresión, por la represión y por el irrespeto que los funcionarios públicos y los empresarios tienen por la vida.
Con estas estrategias se persigue: defender los intereses económicos de las élites, de los finqueros y los empresarios, entre otros; profundizar el proyecto militar de vigilancia y miedo para controlar el territorio por medio del saqueo y el despojo y neutralizar y desarticular la lucha de resistencia comunitaria por la defensa del territorio. También se busca el descontento social, la disputa de ideas, y el deterioro del trabajo periodístico e intelectual, de la justicia, de la memoria histórica y de la defensa de los derechos humanos
