Por: Rony Morales
En conferencia de prensa este 8 de septiembre de 2017, la coalición que trabaja el Examen Periódico universal (EPU) dio a conocer que el Estado de Guatemala será evaluado en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos. Anualmente se realiza esta actividad en el país para examinar y dar recomendaciones en materia de derechos humanos.
La coalición EPU en la entrega del informe final de este año dará a conocer los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por el Estado de Guatemala, como son las más de 400 órdenes de captura hacia defensores del territorio y líderes comunitarios de la zona norte.
Entre los peticionarios están organizaciones campesinas, indígenas y pueblos mayas, hablaron sobre la problemática agraria, las hidroeléctricas, minería, expansión de la palma africana, los monocultivos, la contaminación de los ríos y el poco acceso que tienen a la justicia los pueblos.
También se abordó el tema de los desalojos violentos, detenciones ilegales, despojo de los conocimientos ancestrales, la privatización de semillas criollas, la reglamentación de las consultas comunitarias y la situación de los presos políticos, entre otros.
Un punto significativo que se trató fue la falta de libertad de expresión en el país, como un claro síntoma de la falta de libertades políticas en defensa de los derechos humanos, de la vida y de los recursos naturales, ya que las personas sufren constantemente la criminalización y represión por oponerse al desarrollo neoliberal represor en las comunidades.
Las instituciones que administran la justicia y la protección de la ciudadanía del país, deben considerar que la vida en la tierra tal y como la conocemos, depende de que se reconozca a los pueblos indígenas y las comunidades locales como custodios de la tierra y territorio de nuestro planeta. Asegurar estos derechos es el eje central para construir un mundo justo y equitativo desde la salud a la educación, de la participación a la paz, del crecimiento a la diversidad cultural.
Para los miembros del EPU este mecanismo se desarrolla como un diálogo entre los estados miembros de las Naciones Unidas para verificar el cumplimiento de los derechos humanos ratificados por el país.
La coalición EPU y otras organizaciones, presentaron en marzo pasado informes alternativos, a los que se suman otros, como los de derechos humanos y las instancias del sistema de Naciones Unidas. El estado de Guatemala deberá presentar su informe en agosto para que se evalúe el 8 de noviembre y es por ello que las comunidades, organizaciones, instituciones y sociedad deben conocer el proceso.
