Por: Carlos Fernández
Twitter: @carlosfercid
En las últimas semanas diferentes sectores de la sociedad civil y el representante de la Comisión Internacional Contra la Impunidad –CICIG- Iván Velásquez, reportan una serie de supuestos ataques que van dirigidos a debilitar la labor de CICIG. En las redes sociales, diversos actores han demostrado su apoyo ante los ataques, los cuales van desde supuestas reuniones del grupo denominado “la juntita” con sectores de poder para expulsar a la Comisión; supuesto Lobby desde la Presidencia de la República de Guatemala con representantes de Naciones Unidas con la intención sacar/cambiar a Velásquez; Campaña mediática desde sectores conservadores dirigidos a destruir la imagen de CICIG; entre otras que circularon por diferentes redes sociales.
Todos estos supuestos ocurren cuando en tribunales se debaten casos de corrupción de ex funcionarios públicos que la Comisión ha investigado, junto con el Ministerio Público –MP- dirigido por Thelma Aldana.
Cuando un grupo de sociedad civil, realiza señalamientos de ataques, difamaciones e incluso de posibles atentados contra la seguridad hacia personas que dirigen ONGs o impulsan causas sociales, es normal que las denuncias, estén basadas en supuestos, que deben ser investigados por el MP para comprobarlos. Diferente es que una entidad como CICIG, realice pronunciamientos de planes desestabilizadores, difamación u obstaculización de su labor, cuando tienen los medios con los cuales realizar investigación y presentar pruebas.
Es poco creíble que con la capacidad que tiene CICIG y el MP de investigar los profundos entramados y estructuras delincuenciales que llegan a las esferas más altas de poder político o económico de Guatemala, tengan dificultades en desnudar a los supuestos grupos que atentan contra dichas entidades y presentar denuncia formal si median delitos tipificados en el ordenamiento jurídico del país.
Particularmente, creo que la CICIG realiza una labor importante en el combate a la corrupción desde la llegada de Iván Velásquez. Sus antecesores (Castresana y D´alanesse) no abundaban en capacidad real de asumir el reto que CICIG representaba y tampoco hicieron mayor esfuerzo de abstraerse del sistema de poder de Guatemala, al que se acomodaron. Por su parte, Velásquez ha sido consecuente con el cargo y con el apoyo del MP dirigido por Aldana, encauzaron procesos que tienen en jaque a estructuras de corrupción nefastas.
Insisto, me parece poco serio que se hagan señalamientos y acusaciones a supuestas estructuras que desde la obscuridad, pretenden destruir la lucha contra la corrupción e impunidad haciendo uso de artimañas y estrategias para sumir al país en las tinieblas. Ese argumento con el perdón, parece sacado de una novela de Dan Brown, el autor de Ángeles y Demonios entre otras novelas de ficción. Si hay grupos que atenten contra la seguridad del Estado o que pretendan detener el combate a la corrupción que lidera CICIG con la ayuda del MP, deben presentar los medios de prueba o una acusación formal. Es lo mínimo que a ambas entidades se les debe exigir, porque tienen la capacidad de presentarlas. Hablar de intrigas, chismes o de supuestos, poco abona en la credibilidad al importante trabajo que realizan.
Existe la posibilidad que la percepción de estar “bajo ataque”, está vinculada a posiciones de diversos sectores conservadores del país, en cuanto al tiempo que CICIG debe permanecer en Guatemala y que se plantee de diferentes formas, una tentativa salida. Claro está, hay sectores que no quieren a la Comisión en Guatemala porque afecta sus intereses espurios y por ende quieran expulsarla lo antes posible.
Ahora, el tema de una salida de CICIG del país, aunque álgido, es algo que debe proyectarse, porque es poco realista pensar que la Comisión deba extender su tiempo en el territorio de manera indefinida. Es necesario, comenzar un proceso real, sostenido y ordenado, encaminado al fortalecimiento de capacidades en el Ministerio Público –MP-, para cuando CICIG salga, pueda asumir las tareas. El esfuerzo que hace Estados Unidos y otros países Europeos en financiar a la Comisión, lo pueden encauzar al MP por medio del área de cooperación internacional que tiene el mismo. Las entidades públicas pueden funcionar con fondos mixtos, es decir los provenientes del erario y otras fuentes de financiamiento vía donaciones. Nadie espera que el reto financiero de sostener capacidades del MP sea asumido exclusivamente desde fondos públicos. Si la cooperación tiene un serio compromiso con el fortalecimiento del Estado y del Sistema de Justicia, deben proyectar que aún sin CICIG tienen que apoyar financiera y técnicamente estos esfuerzos por algunos años más.
Quizá a Iván Velásquez y Thelma Aldana quienes no serán eternos en sus puestos, les corresponda plantearse el proceso de transferencia de capacidades, basados en un plan, cronograma, con resultados técnicamente definidos y fuentes de financiación detectadas, concretando la estrategia adecuada y que esto ocurra en el año 2020 por ejemplo. Eso es tiempo suficiente para hacer las cosas de manera ordenada.
El planteamiento que CICIG salga del país en algún momento no debe asustarnos y hacernos ver micos aparejados o enemigos imaginarios, sino más bien ponernos a pensar en cómo generar los mecanismos necesarios para mantener lo conseguido hasta la fecha y avanzar hacia nuevos derroteros en el tema justicia. A no ser que el planteamiento de fondo, sea nombrar a los comisionados contra la impunidad que Naciones Unidas envíe a Guatemala, como Cónsules o Virreyes, que administren los asuntos de la Finca.
