Fotografía y texto: David Toro
19 de julio del 2019
El 18 de julio la Corte de Constitucionalidad (CC) dio amparo provisional a organizaciones de derechos humanos que, se oponen a la iniciativa 5377, con la que diputados conservadores pretendían liberar a militares sindicados y sentenciados por graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado.
La CC ordenó al Congreso suspender el proceso para aprobar las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, la cual tiene como finalidad que los militares que hayan sido sentenciados o estén siendo investigados por violaciones contra derechos humanos sean liberados.
Este amparo fue solicitado por organizaciones y abogados que defienden a víctimas del conflicto armado interno, entre ellas la abogada Lucía Xiloj, defensora del caso de 36 mujeres Achí, víctimas de violencia sexual en 1983. La abogada declaró que el amparo provisional es un primer paso para detener esta iniciativa que atenta contra los derechos humanos y convenios internacionales adquiridos por el Estado de Guatemala.
“Es una notificación que nos alegra y vamos a solicitar una vista pública con los magistrados de la CC para que escuchen nuestros argumentos y los tomen en cuenta al emitir la sentencia en el caso, donde esperamos que las reformas sean suspendidas en definitiva”, declaró Xiloj.
La iniciativa fue presentada por la bancada del partido de gobierno, Frente de Convergencia Nacional (FCN NACIÓN), que junto a diputados aliados como Fernando Linares Beltranena del Partido de Avanzada Nacional (PAN), redactaron esta iniciativa, que está estancada en la tercera lectura, con la finalidad de modificar el artículo 5 de la ley y así finalizar la persecución penal contra militares implicados en masacres y violaciones cometidas durante el conflicto armado interno.
El general Edgar Ovalle, prófugo de la justicia desde hace más de dos años sería de los beneficiados por dichas reformas. Ovalle quien fue jefe de la bancada FCN en el Congreso y asesor de campaña de Jimmy Morales en el 2015, es vinculado por el Ministerio Público (MP) en la masacre de la Zona Militar 21 conocida como el caso “Creompaz”.
