Por: Rony Morales
Del 25 al 28 de septiembre de 2017 miembros de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y la Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP), participaron en la undécima Asamblea Regional de la International Land Coalition en Guatemala (ILC) ALC en Recife Brasil junto a 34 organizaciones integrantes de esta en Latinoamérica.
Es una alianza mundial de organizaciones de la sociedad civil e intergubernamentales, que trabajan de forma unida a través de la incidencia, el diálogo, el intercambio de conocimiento y la formación de capacidades, para promover el acceso seguro y equitativo a la tierra, así como su control por parte de las mujeres y hombres pobres en los diversos países del mundo.
Estos movimientos sociales, colectivos, ONG’s, cooperativas, espacios feministas y redes de miembros de la International Land Coalition (ILC) trabajan de forma unida a través de las organizaciones llamadas Estrategias Nacionales de Involucramiento (ENI), planteando que la problemática agraria y la falta de acceso a la tierra heredada históricamente, que es la mayor causa y génesis de la desigualdad, pobreza y conflictividad social.
En la décima Asamblea Regional de la ILC ALC en Recife Brasil, los temas de juventud rural, seguridad, soberanía alimentaria, derechos a la tierra, criminalización de defensores de derechos a la tierra y derecho a la alimentación, se ponen en discusión entre todos los miembros de América Latina.
Esta es una plataforma que trabaja como un espacio de diálogo y toma de decisiones dónde se promueve el papel del campesino, indígena, mujer rural y sociedad civil para la gobernanza de la tierra y acceso a ella. Impulsar las estrategias regionales en América latina para el acceso a la tierra, contribuir a la gestión sostenible de la tierra a través de la promoción de políticas, programas y redes que mejoren el acceso democrático a la tierra.
En los países de América Latina persiste una violación constante de estándares y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Brasil, Colombia, Guatemala y Honduras son los países en los cuales se concentra la mayoría de asesinatos a líderes y lideresas. Este incremento de violencia expresa una relación de poder desigual y un sistema institucional que protege a sectores de mayor poder económico y de influencia política y judicial. Por ello, exigimos que se garantice la seguridad de líderes y lideresas que protegen y defienden la tierra, que cese la criminalización que sufren, que se investigue a quiénes son los responsables de estos crímenes para que no queden en la impunidad y que se respete el derecho a la consulta y consentimiento previo libre e informado garantizado por el Convenio 169 de la OIT.
América Latina y el Caribe siguen siendo la región con mayor desigualdad del planeta; una situación que afecta principalmente a las mujeres y jóvenes rurales en su diversidad social, étnica y cultural. La desigualdad social y económica en la región surge de un sistema económico que privilegia el capital sobre los derechos humanos y sobre la vida de los ecosistemas y es reforzada por la violencia de género producto de un patriarcado hegemónico que limita a mujeres y jóvenes el goce de sus derechos a la tierra y al territorio.
Se reconoce la vida en la tierra tal y como la conocemos depende de que se reconozca a los pueblos indígenas y las comunidades locales como custodios de nuestro planeta. Asegurar estos derechos es el eje central para construir un mundo justo y equitativo desde la salud a la educación, la participación a la paz, el crecimiento a la diversidad cultural. La tierra, el desarrollo rural, los derechos indígenas originarios campesinos, afrodescendientes, deben defenderse.
Las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes están viviendo presiones de mineros, productores de cultivos ilícitos y madereros ilegales, que las fuerza a desplazarse, dejando sus territorios y sus recursos en manos de estos grupos. Preocupan de manera particular aquellos casos que se dan en territorios de pueblos indígenas en aislamiento, como el que se ha dado en el territorio indígena Vale do Javari en Brasil, donde fueron recientemente asesinados diez indígenas conocidos como “flecheiros”. Asimismo, es preocupante la situación de vulnerabilidad y riesgo en que se encuentra la comunidad Laguna Larga en el municipio de San Andrés, departamento de Petén en Guatemala, que fue obligada a salir de su territorio por un inminente desalojo. Ambos casos son ejemplos críticos de decenas de situaciones que están ocurriendo en toda la región. Por ello demandamos a los Estados cumplir con su obligación de garantizar la vida, la seguridad y la permanencia de los pueblos indígenas y campesinos en sus territorios. Instamos a los Estados al cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diversos casos en la región.
En algunos países de la región como Guatemala encontramos una evidente crisis de gobernabilidad en donde la corrupción, al autoritarismo, la violencia y el narcotráfico están debilitando las bases del sistema democrático y del Estado de Derecho, e impactando principalmente en aquellas personas que están en mayor condición de pobreza y vulnerabilidad. Por ello, demandamos que en toda la región, la clase política, las instituciones, las organizaciones y la ciudadanía asuman un compromiso indeclinable con la democracia, la verdad y la justicia, respetando los canales institucionales establecidos y la voluntad popular.
La Asamblea Regional de Miembros de ILC ALC realizada en Recife y el Foro de la Tierra ALC en Caruaru nos han permitido conocer más sobre la problemática del campo, de los sectores rurales y de las organizaciones sociales en Brasil. En ese sentido, apoyamos la lucha y la resistencia de las organizaciones y movimientos sociales en toda su diversidad frente al severo retroceso político con pérdida de derechos que se vive en la actualidad.
