Por: Daniel Equis.
Según consta en el padrón electoral, me tocaría votar en la escuela en n 53/ees n 42. Yo no voto porque no creo en la democracia burguesa, pero puedo consultar el padrón por Internet porque estoy vivo y decidir qué quiero hacer.
Ayer una compañera subió la imagen del lugar donde debería votar Santiago Maldonado. Es en la Escuela Primaria Nº3 de la localidad de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires.
Si tal como comenta alguna gente y uno de sus familiares, Santiago es anarquista, lo más probable es que su decisión hubiera sido la de no ir a votar. Pero Santiago no puede decidir nada porque la Gendarmería lo secuestró y lo hizo desaparecer.
Santiago no está extraviado ni se fugó ni está paseando por Gualeguaychú, como nos quieren hacer creer el gobierno nacional y los medios que le son afines. Su situación es la de desaparición forzada, y esa desaparición se dio en el marco de la represión a la comunidad mapuche de Cushamen. Cuando se produce una desaparición forzada, el Estado es responsable.
Hace unos años circuló por las redes el número de escuela en la que debería votar Julio López. Según indica el calendario, hoy Julio tendría 88 años y podría decidir si vota o no. Pero no puede hacerlo porque lo hicieron desaparecer por segunda vez. No está extraviado ni se ausentó ni está “tomando el té en la casa de la tía”, como dijo Aníbal Fernández. Julio López era testigo en la causa que juzgaba al genocida Etchecolaz, y lo secuestraron un día antes de la sentencia. De acuerdo a las pistas que la justicia nunca se ocupó de investigar con seriedad, una banda mixta formada por policías y militares retirados y en actividad fue la autora de su secuestro y desaparición. Hablo de falta de seriedad, porque los jueces a cargo de la causa se la pasaron investigando pistas falsas que sembraban la policía y los servicios de inteligencia. Su caso es también el de desaparición forzosa, y por lo tanto también el Estado es responsable.
Luciano Arruga tenía 17 años cuando lo secuestró y lo hizo desaparecer la policía bonaerense. Él tampoco puede decidir si vota o no, porque fue víctima de desaparición forzosa, y si “apareció” y hoy su familia tiene una tumba adonde recordarlo, es porque su hermana, su mamá y todos los compañeros que se solidarizaron con la causa, lo hicieron posible. A Luciano lo desapareció el Estado y lo recuperó luchando un colectivo que exigió y sigue exigiendo justicia por él.
En mis pagos, entre los años 2014 y 2015, la policía santafesina hizo desaparecer a Franco Casco y a Pichón Escobar. Los dos aparecieron flotando en el río Paraná y ya no podrán decidir si votan o no. Los dos fueron víctimas de desaparición forzosa. A los dos los encontramos luchando, y en su caso, también el Estado es responsable.
En pocos días se van a cumplir 24 años de la desaparición forzosa de Miguel Bru en manos de la policía bonaerense. Él no podrá decidir qué hace en estas PASO. Tampoco su familia podrá recordarlo en una tumba este 17 de agosto porque su cuerpo no aparece.
Lo que diferencia a cada una de estas pocas desapariciones que nombré- porque son más las personas desaparecidas en manos de las fuerzas de seguridad en estos 34 años de recuperación del orden constitucional- de las que sucedían en dictadura, es que en este último caso hay pruebas fehacientes de que se trató de un plan sistemático dirigido en forma masiva hacia un sector de población que se oponía políticamente a quienes nos gobernaban. Decir que es lo mismo, sería banalizar el genocidio más grande que vivió nuestro pueblo durante el siglo XX, y para negacionistas ya tenemos a los que nos gobiernan, que son los socios civiles de quienes dieron el golpe de Estado de 1976. Pero decir que es “impensable” que en democracia puedan producirse desapariciones forzosas, es negar la historia y faltar a la verdad. En “democracia” el Estado también desaparece, y los gobiernos, por acción u omisión, siempre son responsables.
¡Aparición con vida de Santiago Maldonado!
