Por: Edgar Batres
Los alcaldes del país olvidaron que son funcionarios electos y su compromiso con la población que representan; y muestran que perdieron su compromiso social, aunque tal vez nunca lo tuvieron.
Por ello, no es raro que confiesen su respaldando a un presidente que ha violado la Constitución, pero además que la mayoría de alcaldes también violentan la ley de Probidad; el artículo 17 ter de la Ley orgánica de Orgánica del Presupuesto, de los 340 alcaldes solo 65, presentan informes y que no precisamente conforme a lo que la ley les exige.
Así mismo, no cumplen con la ley de acceso a la información y no les interesa ser transparentes, pero además existen sobre la mayoría de ellos serios hallazgos reportados por la Contraloría General de Cuentas, como lo han demostrado por ejemplo las corporaciones municipales de Chinautla o de San José el Golfo, todo ello los obliga a decir al unisonó fuera, no mas injerencia, no mas investigación, sigamos en la corrupción, mantengamos la impunidad, líbranos de la CICIG y de un Ministerio Público fortalecido con una fuerte institucionalidad para la persecución penal e investigación pronta.
Es interesante además, escuchar como todos los alcaldes responden como si estuvieran de servicio militar, además del discurso del alcalde mayor de la ciudad capital, el cual se encuentra en proceso de investigación sobre el tema del transporte público, deuda pendiente ante los capitalinos, entre otras tantas deudas irresueltos y que han hecho de la ciudad un caos en todos los servicios que la municipalidad esta obliga a prestar.
Se ha demostrado y ratificado por la Corte de Constitucionalidad que la acción formalizada por el Presidente, es nula de pleno derecho, no cabe duda que el suceso constituye un acto incoherente y no congruente con un Presidente, el cual está llamado a la unidad nacional y a representar a los guatemaltecos con dignidad, responsabilidad y compromiso, virtudes que sin dudar no muestra, ha perdido o nunca las poseyó lo que realmente es terrible, por el alto cargo que ostenta.
En la resolución del amparo resuelto ahora en definitiva, la Corte argumenta las serias falencias contenidas en la ignominiosa petición; “…en la hoja que contiene el pronunciamiento de “non grato” las incoherencias que muestran la oscurantismo del Presidente, estas acciones en cualquier otro país no neoconservador como Guatemala se le pediría la renuncia inmediatamente o el mismo Congreso de la República lo llamaría para explicar las incoherencias formuladas; así mismo el Presidente violo la Constitución argumentando que se sustentaba en la literal p) del artículo 183 de la Constitución Política de la República, ya que no “guarda relación” con lo solicitado y sustentado, lo que permite que la Corte de Constitucionalidad, resuelva el amparo en definitiva mostrando la ignorancia del Presidente y su grupo paralelo que lo ha orillado a la catástrofe.
Al final, el Presidente no debemos olvidar que tiene conflicto de intereses personales para que la CICIG, no siga en el país, los problemas de las facturas, en donde se encuentran involucrados parte de la familia; la petición de quitarle el antejuicio por el manejo del financiamiento en que incurrió al ser Secretario General del Partido Político por el cual llego a la Presidencia, el FCN, por el cargo de financiamiento ilícito, por lo cual debe responde, ante los tribunales de justicia, después de que el Congreso de la República de Guatemala, considera que procede o no quitarle el antejuicio. Un Congreso en donde también hay dignatarios que han librando una batalla para declarar improcedente el trabajo de la CICIG, entonces como que, lograr despojar al Presidente de la inmunidad, difícil pero no imposible si se consideran las fuerzas sociales y la presión que estas pueden hacer a los diputados distritales.
No cabe duda que la sociedad guatemalteca ha encontrado el rumbo y ha comenzado a encontrar los objetivos comunes que permitirá encausar la fuerza social hacia oportunidades, que por fin se están articulando con el único fin de no volver al pasado.
