Fotografía: Kaos en la red

Por: Carlos Fernández

@carlosfercid

Encrucijada terrible enfrenta nuestro país, después que los diputados al Congreso de la República de Guatemala aprobaran por mayoría uno de los pactos políticos que desnuda las aviesas intenciones de sumir al país en un paraíso de impunidad.  Las acciones que la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) ha emprendido contra la corrupción, por primera vez, se acercaron al último de los partidos políticos que quedaban intactos en la historia democrática del país.  La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien gobernó al país en el período de 2008-2012 finalmente era alcanzada por la CICIG.  Después de casi dos años de lucha encarnizada contra la corrupción y de tener a la mayoría de la plana mayor del Partido Patriota (PP) en prisión preventiva o con orden de captura y/o fugados, dieron el primer paso y denunciaron junto al Ministerio Público (MP) a Orlando Blanco Lapola, quien fuera (o fingiera ser) el Secretario General de dicha agrupación política, que tuvo como candidata a la Presidencia de la República a la ex primera dama de la Nación Sandra Julieta Torres Casanova (ex esposa de Álvaro Colom Caballeros), acusándole de financiamiento ilícito.

Si las denuncias de corrupción impulsadas por CICIG y MP, se hubieran circunscrito al FCN-NACIÓN, el escenario desatado el 13 de septiembre por el planteamiento de Orlando Blanco Lapola de garantizar impunidad a quienes estuvieren señalados de financiamiento ilícito,  quizá habría sido una batalla con menores posibilidades de victoria, porque hay que tener claro lo siguiente: la UNE reaccionó para blindar a Sandra Julieta Torres Casanova.  Vamos, Orlando Blanco Lapola es un simple testaferro, que hace las veces de operador político y que dicho sea de paso, tampoco lo hace de gratis, porque vive a cuerpo de rey.  El movimiento emprendido por la UNE fue en su ajedrez político, una burda jugada para blindar a la reina encarnada en Torres Casanova y si para ello hay que sacrificar peones, pues se hace.

En más de una ocasión, he señalado que la posible selectividad con la que operó el MP y la CICIG en los casos de corrupción ampliamente denunciados y documentados, ocurridos durante el Gobierno de la UNE, era un error que iba a pasar factura tarde o temprano.  Desde que Claudia Paz y Paz fue Fiscal General, obran sendos expedientes y denuncias en el MP, los cuales, por alguna extraña razón, jamás prosperaron cuando ella fue Fiscal General y que hasta la fecha, duermen el sueño de los justos.  En este sentido, el blindaje a la UNE ha sido una práctica concebida y operada bajo la lógica de: “son un aliado político en la lucha contra la impunidad”. ¡Ahí tienen a su aliado!

Insisto, así como era necesario desmantelar la estructura criminal del PP, de la misma forma, era importante desmantelar la de la UNE, en tanto es imposible concebir que en el denominado caso Cooptación del Estado, no existan interconexiones de intereses o actores beneficiarios de dicha corrupción.  Dicho en otras palabras, el PP era una banda criminal, que seguramente tenía vínculos con la gavilla de la UNE.  De la misma forma, hay que enderezar procesos hacia otras estructuras criminales enmascaradas en diversos sellos de partidos políticos que campean en esa cueva de forajidos llamada  Congreso de la República de Guatemala.

Ojalá, los hechos del 13 de septiembre de 2017, hagan que los ojos de la población no se aparten de la necesaria, urgente e impostergable depuración del sistema electoral y de partidos políticos. Así mismo, que la CICIG y el MP avancen sustantivamente en el desmantelamiento de la mafia representada por Orlando Blanco Lapola en el #PactoDeCorruptos que el y su partido impUNE de manera artera impulsaron.

Finalmente, a la población, solo nos queda la calle para manifestar hasta #QueSeVayanTodos y se inicie un proceso de refundación del Estado guatemalteco.  No basta con exigir la renuncia de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera, dejando intacto el Congreso de la República.  Llegó el momento de expulsar de una buena vez a esa ralea de delincuentes enquistados en el Estado y que lo han cooptado para su beneficio personal y familiar.

 

 

Fotografía elsol.com.ar

Por: Francisco Rodas

Suponemos que los movimientos de Jimmy son tan insustanciales, que ni siquiera el triste Diario de Centroamérica cubrió el acto de ayer en el congreso, donde habló de su azarosa lucha por la soberanía del país.

Así, con su proverbial estilo de hacer declaraciones, y con una postura de soldado gravemente herido en batalla, mencionó que, “Tener un país libre e independiente es caro”.

Normalmente sus opiniones no dejan de producir un cierto desconcierto, aunque a menudo mueven a la ironía y la risa. El asunto, desde luego, no está en la libertad e independencia nacional, sino en el precio a pagar y quién debe hacerlo.

El recuento de sus batallas, hace suponer que hablaba de los daños y sacrificios producidos por su intento fallido de deshacerse de Iván Velásquez, donde hay que aclarar que el que se quedó aislado y herido fue él y no el país. Que lo que se puso en riesgo no fue la soberanía patria sino su soberana libertad de meter la pata.

Es una lástima que en otras situaciones no haya tenido el mismo ímpetu, como cuando vino una naviera a exigir que la oscura concesión de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) siguiera su curso. El pedido no se hizo de manera cordial, más bien hubo una conducta extorsiva que hizo correr el rumor cierto de poner de cabeza al país en el mercado internacional. Estas amenazas se hicieron acompañar de un empresariado nacional que puso en alarma el riesgo país. Al final la concesión se mantiene sin tomar en cuenta su naturaleza onerosa para el país, y en suma, lo que se impuso fue la soberanía, pero transnacional y una élite paisana conspirativa, que bien pueden tipificarse como traidores a la patria.

Aparte, hay que reconocer que el hombre tiene unos poderes sorprendentes para vaticinar el curso de la vida pasada y futura. Por raro que les parezca, así es.

En su discurso mencionó que luego de ganar la elección le advirtió a su familia que una consecuencia sería “que los pondría en riesgo”.

Esta declaración la hilvanó al suceso vivido por el general de brigada José Moscardó, franquista reconocido como “héroe” de una guerra civil que hizo que España tenga todavía el record de más cementerios clandestinos. Sitiado en el Alcázar de Toledo, Moscardó fue conminado por el bando republicano a la rendición, amenazándole que de no hacerlo, matarían a su hijo. El gesto del general fue pedir que le comunicaran con su hijo, diciéndole “Hijo, muere por Dios y por España”.

Aquí vienen las paradojas. La primera es que, su pronóstico de riesgo familiar, que él asocia con una persecución política vinculada al proceso judicial llevado por su hijo y su hermano, son asuntos que ocurrieron antes que él fuera candidato y por tanto, no sabía que iba a ser presidente. Es decir que, adivinó las consecuencias del pasado, y predijo los movimientos futuros de la novia del nene, del MP y de la CICIG. Buzo.

La otra paradoja es que Moscardó, al igual que Abraham al sacrificar a su hijo Isaac, no estuvieron dispuestos a capitular ni traicionar su lealtad a la causa. Este no es el caso de un presidente acostumbrado al escenario y al espectáculo. Jimmy, al contrario, juro ante la constitución pero no obedecerla, de modo que está dispuesto a salvar a la familia por encima de la ley y con un grueso blindaje de mentiras a prueba de justicia. Superbuzo.

La anécdota moscardiana tampoco encaja porque a Samuelito, segundo hijo de la nación, nadie lo quiere matar, sino simplemente llevarle el sobado “debido proceso” que le sancione sus feas costumbres delictuales.

Ayer un ciudadano, con la consecuente indignación que le produjo el degüello del sistema de justicia, proponía que los estudiantes que desfilarán mañana 15, lo hicieran con un listón negro en el brazo. La idea no es mala, pero quien sabe si sea mejor que no desfilasen y que el presidente se quede sólo en el balcón, viendo una plaza vacía donde pasa su ejército que le obsequia mensualmente 50,000 pericos.

Arte: Vicente Chapero

Por: Miguel Ángel Sandoval

Pocas dudas quedan que la corrupción y la impunidad son algo estructural, que se ha metido hasta el tuétano de las instituciones del país y que no existe una cultura para intentar siquiera, modificar en algo este panorama en verdad sombrío. Las muestras de ello son realmente patéticas. El último caso de ello se encuentra alrededor de los 104 diputados del congreso que optaron por la colisión con cualquier noción de un Estado de derecho.

Ello por una razón simple que se cae de su peso. Rechazar la opinión calificada de una comisión pesquisidora con un voto mecánico, sin leer el expediente que había trasladado la Corte Suprema de Justicia, solo nos dice del desconocimiento del orden legal del país. Las razones invocadas son realmente sorprendentes por inocentes en términos legales o por cínicas en términos políticos.

Pues como todo mundo sabe, quitar a un funcionario la inmunidad que le confiere al cargo el antejuicio, solo nos lleva a la situación en donde un funcionario puede ser investigado y llegado el caso, sometido a un proceso legal, pero nunca implica abandonar el cargo. Ello solo se puede verificar si y solo si, es encontrado responsable de la comisión de algún delito.

Esto forma parte del alfa y el omega de un Estado de derecho y de eso que denominamos el debido proceso, que en este caso los diputados, ignaros como son, violaron de medio a medio. Es la verdad monda y lironda. Y me importa un comino quien sea el beneficiado con esta estupidez de los diputados, el asunto es que los revela como defensores en toda la línea de la impunidad, y por supuesto, de su aliada más próxima: la corrupción.

Si no fuera suficiente, un día después se destapa otro escándalo mayúsculo. El ejército usurpando funciones que no le corresponden, le otorga un bono al presidente, pretextando responsabilidades y riesgos. Pero omiten un tema central: los riesgos del cargo son atendidos por dos instancias como son la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) y la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE). Pues para eso están constituidas en gran medida, estas instituciones que buscan blindar al presidente de la república. Lo otro, un bono cualquiera solo revela cinismo y en el caso del mandatario, falta de ética.

Estamos ante un problema grueso. Es probable que en términos “legales” no haya razones suficientes para pedirle al presidente la renuncia pues ante un hecho de esta dimensión, en cualquier país es lo usual, menos en el nuestro en donde “el plomo flota y el corcho se hunde” como dice el viejo refrán.

Las preguntas se acumulan. ¿Qué hacer en estas condiciones? ¿Cómo abordar esta gravísima situación sin los lugares comunes o las fórmulas fáciles? Y ¿cómo hacerlo sin acudir al gastado mecanismo de los partidos políticos (que no lo son) en elecciones sin mucha legitimidad? Estos días nos deberían servir para reflexionar sin el influjo de las antorchas que se piensan patrióticas, sin saber que evento en concreto festejan. Días duros.

 

 

Texto e ilustración: Brenda Elizabeth, estudiante de 4to. Bachillerato de Ixcán

Hay muchas personas que cuando escuchan hablar sobre el 15 de septiembre, día de la supuesta independencia, creen que  es un día para festejar, tristemente son los maestros los que contaminan la mente de los estudiantes al llevarles a las calles a hacer cosas absurdas como desfiles y elecciones de señoritas, entre otras, cuando en realidad no saben ni el significado de la palabra independencia.

Yo pienso que este día deberíamos usarlo para exigir, reclamar y decirle la verdad a los opresores, hacerles saber que los pueblos indígenas nos hemos despertado del sueño en el  que nos habían sumido con su sistema de educación y que ahora conocemos bien y mejor nuestra realidad. Una de las realidades que conocemos muy bien es que no hay tal independencia, toda es una mentira.

Este 15 de septiembre solo beneficia a los del poder económico, porque a nosotros nos tienen en la marginación. Nuestra realidad y la de Guatemala es muy triste como para salir a las calles y decir: ¡Que viva La independencia!, porque estaríamos traicionando nuestra dignidad.

 

Fotografía: Juan Esteban Calderón

Por: Alison Azurdia

“¡Libertad será mi ovario!” fue la expresión de la la artista, performer y poeta guatemalteca Regina José Galindo, después que fuera censurada su pieza “Bandera Negra“ que había sido colocada en Xela y que el gobernador José Clímaco Rosales, en un acto de represión mandó a retirar.

En una entrevista con Regina José Galindo, nos comentó un poco sobre esta polémica y expresó su sentimiento de molestia ante el acto de censura del que fue víctima.

¿Cuándo inició la obra de la Bandera Negra?

La hice en el año 2000. Se presentó por primera vez en una colectiva en México.

¿Qué significado simbólico tiene esta pieza?

Es muy sencillo. Básicamente lo que quería era hacer una reflexión sobre la situación de vivir en Guatemala. Actualmente tiene una lectura distinta porque el pueblo está revelándose contra la situación de represión y corrupción que hay en el país, pero en el año 2000, que no teníamos el mismo escenario, fue cuando la hice, era una imagen de duelo por la violencia y por las muertes que habián venido presentándose desde que tengo memoria. En el año 2000 básicamente era una muestra de repudio por la violencia.

Fotografía: Quimy De León

¿Dónde se ha expuesto esta obra?

La primera vez fue en una exposición colectiva en México, posteriormente la he colgado en mi casa, en algunos espacios que me han prestado, en estudios de amigos y en otros países. También estuvo participando en las protestas de hace dos años.

¿Por qué decidieron ponerla en Xela?

Este año decidimos colocarla en Xela porque hay una situación de cansancio por parte de la población y el mejor espacio para hablar de verdadera independencia o qué significa independencia es Quetzaltenango, porque es donde se celebra esta fiesta con mayor intensidad, me parecía que era un lugar oportuno para hacer un aporte crítico y para retomar el tema de la corrupción y la violencia en el país. Además este año fui invitada al festival de Xela y esta discusión sobre la violencia reciente que hay, es el tema de conversación de la comunidad.

¿Qué repercusiones tuvo colocar la bandera negra en Xela?

Ninguna repercusión grave, más que la censura, la bandera fue retirada en cuestión de 10 minutos, después de que se presentó el gobernador en Casa Noj la quitaron. La gente de esa casa no podía tener un conflicto con el gobernador, así que decidimos quitarla.

¿Cómo considera el hecho de que el gobernador haya mandado a quitarla?

La verdad es que es una molestia muy grande porque yo estoy en contra de cualquier medida represiva y de censura, todo individuo tiene derecho de manifestar sus emociones y sentimientos de repudio hacia una situación y este tipo de censuras solo enciende la molestia, ya que es una forma pacífica de demostrar lo que estamos sintiendo. Estas cuestiones dictatoriales de decir “no se puede”, pues no llevan a caminos de diálogo, lo que el país necesita básicamente es un cambio y diálogo, pero debido a estas medidas represivas no hay salida.

Por: Plataforma Agraria / Honduras.

Bajo Aguán 13 Septiembre 2017: Esta mañana miembros de la Dirección Policial de Investigación (DPI),  detuvieron al presidente de la Empresa Asociativa Campesina Unidos de la Mano, ubicada en la comunidad de Palos de Agua, municipio de Saba, Colon.

El nombre del compañero corresponde a Salvador Enrique de 50 años de edad quien fue detenido en  su casa de habitación a la 7:30 de la mañana en la comunidad de Palos de Agua, luego que los miembros de la DPI se presentaran una orden de captura en su contra por el supuesto de Usurpación de tierras. Los elementos policiales se transportaban en un carro 3.0 doble cabina color gris en el que trasladaron a Enrique a la posta policial d Tocoa.

Condenamos el actuar de los entes aplicadores de justicia al criminalizar  familias campesinas de escasos recursos que  exigen el derecho a la tierra y demandan mejores condiciones de vida en el Bajo Aguan, no así para ejecutar las capturas de criminales asociados a grupos paramilitares que han asesinado a reconocidos líderes campesinos como José Ángel Flores, Silmer Dionisio George, Manuel Milla y Allan Martínez bajo operaciones de impacto psicológico.

Denunciamos la persecución sistemática en contra de campesinos y campesinas que reclaman el derecho a la tierra.  Ya que existen tres órdenes de captura más libradas contra Pablo Salvador Enrique de 21, Fredy Arnoldo Guevara de 23 y Delmy Karina Guevara de 24 años todos miembros de la Empresa Campesina Unidos de la Mano.

El 27 y 28 de agosto unas 800 familias campesinas recuperaron  Ocho fincas en el Bajo Aguan. Cinco fueron desalojadas a través de la fuerza en acciones realizadas por miembros de la policía al mando del Sub-comisionado Juan Adolfo Zapata, elementos del ejército dirigida por Hugo Coca jefe de la operación Xatruch III y la participación de guardias de seguridad armados de las cooperaciones terratenientes de la familias Facusse  y Canales.

El 28 de agosto a las 4:45 de la madrugada  mientras las familias campesinas de la Empresa Nuevo Evenecer tomaron posesión de la Finca Remolino amparada en documentos legales que los acredita como dueños legítimos de las tierras,  fue herido  de bala a Edgardo Rodríguez por los guardias de seguridad de Inversiones Ceibeña. Rodríguez aún sigue a la espera de una operación para retirarle la bala que se encuentra muy cerca de los testículos.

Del 29 de agosto a la fecha se han criminalizado a 21 compañeros y compañeras campesinas. Cuatro miembros de la Empresa Campesinas Somos Más que Vencedores; Dos de Empresa Campesina Nuevo Evenecer y 11 de la Empresa Campesina Palo Verde.

El 29 de agosto miembros de la policía y el ejército desalojaron de manera violenta a las familias de la Empresa Campesina Somos Más que Vencedores dejando cuatros detenidos   Arvin Daniel Lemus Cubas de 17, Humberto José Amador Mejía de 15, José Rodolfo Moreno Alvarado de 22 y Edil Deonel Villanueva Jiménez de 26 años durante la detención los menores edad fueron torturados por miembros de ejército  y luego trasladados a la posta policial de Tocoa, 24 horas después fueron puestos en libertad condicional por los Juzgados de Letras de Tocoa bajo medidas sustitutivas.

El 2 de septiembre un fuerte contingente  policial  y militar desalojaron a las familias de la Empresa Nuevo de Evenecer dejando Dos campesinos detenidos  Eslin Nery Martínez Almendares y Dany Yaneri Morales Romero quienes  fueron trasladados a la posta policial de Trujillo, 24 horas después  fueron puestos en libertad condicional por los Juzgados de Letras de Trujillo bajo medidas sustantivas.

Así mismo el 6 de septiembre se detuvo a 11 personas mientras regresaban de sus labores de campo en la Asociativa Campesina 10 de abril, ubicada en la comunidad de la Guadalupe Carney, la detención se dio a la altura del desvió el Tumbador.  En este sector se encuentran las familias de la  Empresa Asociativa Palo Verde haciendo uso de su legítimo derecho de 700 hectáreas de tierra desde el 27 de agosto amparados en el título definitivo de las 5, 726 hectáreas a favor del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), las que habían sido explotadas por Corporación Dinant a través de la fuerza de seguridad y la protección del Estado.

Los detenidos corresponden a los nombres de  Wilmer Javier Ortiz García de 33;  Luis Felipe Rubio Bardales de 24; Marlon Marcelo Hernández de 21; Sergio Reynelli Hernández López de 25 ; Allan Josué Soto Hernández de 23; Elder Ábrego de 30; Juan Jesús Díaz Canán de 25; Suany Iveth Sánchez Argueta de 20; Edwin Javier Méndez Suchite de 19;  Alexis Omar Hernández Morales de 36 y  Dinia Jazmín Sarmiento Suárez de 29 años de edad, a quien se les criminalizo de ser parte de la banda los Hernández, salieron en libertad condicional por los Juzgados de Letras de Trujillo bajo medidas sustitutivas.

Pedimos a las organizaciones sociales, populares y  defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales a tomar conciencia ante la ola de criminalización en contra de las familias campesinas en el Bajo Aguán que están siendo víctimas de las fuerzas represivas del gobierno de Juan Orlando Hernández.

Texto y fotografías: Juan Calles

El 11 de septiembre del presente año en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la República, el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz (CNAP) aseguró que iniciaría los trámites necesarios para pedir a la instancia de jefes de bloques parlamentarios que la propuesta de ley 3590 sea puesta en agenda para su tercera lectura y aprobación final.

La mesa contaba con la presencia de Mauricio Radford Coordinador general del Comité Coordinador de CNAP, además de Ada Valenzuela, Julio Solorzano Foppa, y Eva Tecún, integrantes de dicho comité coordinador.

Durante el evento hubo representación del los organismos del Estado, el Ministerio Público y la Comisión Nacional de Resarcimiento (CNR), así como familiares de personas víctimas de desaparición forzada.

El Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada en Guatemala (GTDF) tuvo una importante intervención durante el acto,  donde  se abordó el proceso de diez años que ha tomado el impulso de la propuesta 3590, diez años en los que la ley ha avanzado hasta obtener dos dictámenes favorables de dos comisiones legislativas, Finanzas Públicas y Moneda, además de la Comisión de Legislación y puntos Constitucionales, logrando dos lecturas en el pleno legislativo.

Al finalizar, Maynor Alvarado en representación del GTDF, solicitó que el CNAP en su calidad de entidad estatal que busca el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, exija la aprobación final de la 3590 que cumpliría con varios de los compromisos asumidos por el Estado al firmar estos acuerdos en diciembre de 1996.

El público presente también tuvo la oportunidad de intervenir y comentar. Tiempo durante el cual las personas que pidieron la palabra coincidieron en preguntar las razones por las que los diputados no aprueban la 3590; de la misma manera, contaron sus experiencias de dolor y ausencia por familiares desaparecidos.

Al cerrar la actividad los presentes concluyeron que la necesidad de aprobar la 3590 no es solamente para las familias de personas víctimas de Desapariciones Forzadas, sino también para la sociedad Guatemalteca que necesita reconstruir el tejido social y buscar así la convivencia y la reconciliación.

 

 

Texto y fotografía: Joel Pérez

Con el objetivo de darle cumplimiento a la ley que regula la venta de bebidas alcohólicas en el municipio de Ixcán en el departamento de Quiché, el pasado lunes 11 de septiembre,  el juez de asuntos municipales hizo entrega de las primeras 7 resoluciones municipales, donde solicitan el cierre inmediato de la misma cantidad de negocios.

Harvey Coque Ortega, juez de asuntos municipales, indicó que los propietarios de los negocios ya habían sido notificados con anterioridad, sin embargo ninguno de ellos contaba con la documentación necesaria que los acreditara como establecimiento abierto al público.

Algunos dueños de los negocios prefirieron cerrar ante la presencia de las autoridades municipales, sin embargo tienen de plazo hasta el 13 de este mes, de no hacerlo las autoridades tomarán otras medidas, indicó el juez Ortega, quien finalizó diciendo que en los próximos días se estarán realizando las mismas acciones en el interior de la zona 1 del municipio para así darle cumplimiento al reglamento.

La madrugada del 8 de marzo, en la que en todo el mundo nos organizábamos para reivindicarnos como mujeres trabajadoras mediante un paro mundial, en el hogar, que se hace llamar Seguro, “Virgen de la Asunción” en la Ciudad de Guatemala, un grupo grande de adolescentes y niñas se manifestaba por las precarias condiciones en las que se encontraban internadas. Protestaban por la violencia física, sexual y emocional sistemática a la que estaban siendo sometidas por maestrxs y personal de la institución. Denunciaban además la precariedad y el hacinamiento, puesto que la institución albergaba el doble de personas que su capacidad les habilita.

En ese acto político se inició un fuego que algunxs dicen, fue provocado por las mismas niñas como método desesperado de presión para protestar ante un Estado que se rehusaba a escuchar. Nosotrxs sostenemos que este fuego lo provocó la violencia y precariedad sistemática ejercida desde la institución estatal y su personal. Reafirmamos que NO FUE EL FUEGO lo que llevó a las niñas a la muerte, FUE EL ESTADO. El personal de la institución no hizo nada para evitar el incendio y una vez iniciado dejó que las niñas y adolescentes se calcinaran en el encierro.

Este día, 8 de Septiembre, se cumplen 6 meses del incendio en el Hogar Seguro “Virgen de la Asunción” en la Ciudad de Guatemala. En dicho centro de (des)protección, tutelado por el Estado, fueron asesinadas siendo quemadas vivas, 41 niñas, además de otras muchas que sufrieron lesiones y traumas graves.

Hoy desde Buenos Aires y frente a la Embajada de Guatemala reivindicamos la vida y lucha de estas niñas y nos solidarizamos con el pueblo guatemalteco especialmente con las familias y compañeras de las niñas asesinadas, que hoy además del dolor, deben enfrentar las amenazas, el amedrentamiento y el ninguneo estatal. Recalcamos nuestra profunda preocupación y comprometemos públicamente al Estado guatemalteco para que garantice la integridad física y emocional de las niñas sobrevivientes, de sus familiares, así como de las 41 familias de las niñas asesinadas.

Desde el dolor y la rabia responsabilizamos al Estado femicida de Guatemala por esta masacre que enluta a Latinoamérica y al mundo. Esta masacre no debe quedar impune y en el olvido silencioso. Una vez más las llamas de la opresión inquisidora intentan quemar la lucha y la rebeldía de las niñas, adolescentes y mujeres, ante esa opresión, hoy en un solo grito desde Buenos Aires hasta Guatemala DENUNCIAMOS:

NO FUE EL FUEGO FUE EL ESTADO

SI TOCAN A UNA RESPONDEMOS TODAS

NI UNA MENOS, VIVAS NOS QUEREMOS.

 

Movimiento Centroamericano 2 de Marzo, 8 de septiembre 2017.

 

Desde Argentina: demandan justicia por las niñas #Nosduelen56 a 6 meses del crimen de Estado en Guatemala

Posted by Nos Duelen 56 on Saturday, September 9, 2017

Arte: Nelton Rivera

Por: Carlos Ernesto Cano

Fotografía: concienciagutemala.com

Te levantás el domingo y te disponés a ir al culto del templo más cercano de tu casa. Vas en el tráfico y como todo el cerotal, hacés doble fila porque de esa forma creés que sos más vivo que el resto del cerotal. Llegás al templo y escuchás al pastor decir que el cielo tiene precio y que lo podés pagar en cuotas, así es más conveniente para vos y tu familia.

Te decidís a pagar el diezmo, contribución, extorsión o como querrás llamarle y lo hacés en efectivo, de esa forma no quedará registro de tu bondadosa donación, claro, solo vos, el pastor y dios sabrán que tan generoso has sido.

Por la tarde el pastor se reúne con un par de militares retirados para celebrar la cosecha monetaria dominical y así distribuirla como mejor les convenga. Luego por la noche esos dos militares retirados se reúnen con otros militares en activo y distribuyen el botín como les plazca. Llegada la media noche, esos militares en activo se reúnen con el presidente de la república cleptocrática y le proporcionan un cheque por cincuenta mil quetzales… 

#Ahorita

TweetsPC

FacebookPC

Publicaciones