Imagen:facebook.com/EscuintlaNews/

Por: Carlos Fernández

@carlosfercid

Los medios de comunicación tradicional en Guatemala han jugado un papel importante para la preservación del sistema. Por lustros, permanecieron unidos en comunidad de gananciales y eso para nadie es un secreto.  De esa cuenta, en páginas de diarios, estaciones radiales y televisivas las puertas para la “libre emisión del pensamiento”, permanecieron abiertas para aquellos que estuvieran al servicio de los poderes fácticos.  Si no me cree, vaya  a la Hemeroteca Nacional e investigue el tipo de publicaciones que se plasmaron en las décadas del conflicto armado. Crímenes de lesa humanidad que ocurrían en diferentes departamentos del país, fueron tratados con una lisura periodística que provoca nauseas.  Importante es reconocer, que muchos periodistas no se prestaron al juego, y por ello fueron perseguidos, secuestrados y desaparecidos.  El precio por denunciar la barbarie, expoliación, corrupción o abusos de las mafias corporativas, siempre ha sido alto aún en nuestro días.  Pero estas personas con ética periodística y altos valores humanos fueron la excepción y no la norma.

Aún con ello, los medios eran parte del pacto, el cual se fue perfeccionado para tener control de los contenidos por ejemplo, a los que por décadas las y los guatemaltecos en los canales de televisión nacional, tuvimos acceso.  Los medios escritos llegan a una élite lecto-escritora, pero la televisión o la radio, tienen mayor posibilidad de orientar la opinión pública.  Por ello, no es casual que los medios de comunicación televisivos fueran otorgados en eternos usufructos a Ángel González, un empresario mexicano nacionalizado guatemalteco.  Empresario que también es dueño de medios de comunicación en otros países de Centro y Sudamérica, en donde ha mantenido el mismo esquema empresarial poco transparente.

El poder de Ángel González y sus televisoras en Guatemala, fue construido por una larga cadena de favores a todos los partidos políticos quienes accedieron a espacios publicitarios cuyo “único” costo, fue mantener el usufructo en manos de González.  Una relación perversa, perfeccionada por décadas y mantenida por las utilidades que un sistema corrupto permitió de manera constante a ambas partes.  Para muestra de lo anterior, es necesario leer el informe presentado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en donde detalla los mecanismos por lo que ha operado este pacto.

Lo anterior, es un breve resumen, pero sirve para entender la campaña de difamación emprendida por los canales nacionales 3, 7, 11, 13, 23, incluida Radio Cadena Sonora, medios de González, que se han prestado al ataque y difamación de las protestas ciudadanas, desencadenadas por la intentona de los diputados al Congreso de la República de aprobar un #PactoDeCorruptos el pasado 13 de septiembre.

Albavisión, en las protestas de 2015, también jugó un papel de desinformación y servil al deteriorado régimen de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. En ese momento, como ahora, dedicaron largas horas de tiempo de aire, para demeritar las manifestaciones que ocurrían en la Plaza Central, tildándolas de violentas y de ser manejadas por poderes oscuros para desestabilizar el país.

La derecha guatemalteca es asidua en señalar que en países socialistas, los medios de comunicación se prestan a los intereses del gobierno, pero nada dicen de la función que Albavisión ha jugado durante décadas para mantener la desinformación en el país.   En Cuba, la televisión al menos imparte contenidos para educar y sensibilizar a su población.  En Guatemala, los canales nacionales se han caracterizado por su vocación de priorizar programas como Combate en horario estelar por ejemplo.

El Gobierno de Jimmy Morales, en conjunto con los canales nacionales, han montado una clara estrategia de desinformación, tomando eventos ocurridos el pasado 14 de septiembre en el Parque Central, mostrando imágenes con la clara intención de criminalizar las protestas pacíficas.  Entre las miles de muestras de solidaridad, respeto, empatía y participación ciudadana responsable, han decidido tomar imágenes de incidentes aislados y que fueron contenidos por los mismo manifestantes que llamaron a la cordura y de manera ejemplar, ordenaron lo que otros en la emoción del momento, tiraron al suelo.  Entiendo que sillas, pódium  y unas vallas tiradas al suelo son lejanas a un escenario idílico de manifestación pacífica, pero tampoco son el fin del mundo. Caso distinto es el del individuo que agredió al director de la Policía Nacional Civil (PNC), persona se supone por información oficial, ha sido capturada y a quien deben deducir responsabilidades como corresponda.

La estrategia de desinformación que opera actualmente para deslegitimar y evitar a toda costa que el #ParoNacional convocado por distintos colectivos sociales para el 20 de septiembre sea un éxito, no se limitará a los medios tradicionales.  Utilizarán los característicos net-centers en los que desde perfiles falsos e incluso suplantando identidades, diseminarán información falsa e intentaran atemorizar a la población en redes sociales como Facebook y Twitter.  Jimmy Morales y las mafias beneficiarias del #PactoDeCorruptos saben que la movilización social iniciada puede ser el principio del fin.  Por eso, no debemos dejarnos sorprender por estas estrategias y corresponde, ser cuidadosos de las fuentes de información que consumimos, porque en tiempos de crisis como los que actualmente atravesamos, los medios de comunicación son claves para destruir la movilización social.

Pero no todo está perdido. Existen canales transmitidos por señal satelital que llegan a muchos hogares vía cable, que son consecuentes y no se han prestado al #PactoDeCorruptos.  Por otra parte, la era de la información ha traído alternativas a medios impresos, sitios web en los que se han desnudado casos de corrupción con rigurosa investigación periodística, presentan historias comunitarias silenciadas por los medios de comunicación tradicional y además abren sus espacios para nuevas voces.

Este 20 de Septiembre, sin miedo y de manera masiva, debemos participar en el #ParoNacional, para enviar un mensaje claro a la clase política y empresarial de este país.  El derecho a la manifestación, consagrado en la Constitución Política de la República de Guatemala y que Jimmy Morales supuestamente intentaba limitar vía un Estado de Excepción que no logró concretar en tanto el Congreso está fuera de funciones por razones obvias, ha sido garantizado por la Corte de Constitucionalidad –CC- gracias a un recurso interpuesto por Jordán Rodas, actual Procurador de Derechos Humanos (PDH) y se le ordena al decadente gobierno de Morales, brindar garantías para la seguridad de todas las personas que lleguen a manifestar.

Fotografía: Marisol Garcés

Por: Miguel Ángel Sandoval

Cuando se produjo la movilización del 2015 escribí un pequeño texto que denomine la “Revolución Moral del siglo xxi”, en donde afirmaba que la corrupción hasta antes de esa fecha era socialmente aceptada y que ahora era socialmente rechazada. Luego concluía que la corrupción no había sido derrotada y que correspondía hacerlo, en lo que para mí era la tarea estratégica del país. Más adelante habría otras metas que cumplir, pero de momento la corrupción y la impunidad era lo central para nuestro país.

Asimismo advertía que con la corrupción no había política pública que se pudiera impulsar y que la corrupción no se limitaba a los ámbitos de gobierno sino que había  empresarios, partidos políticos del signo que fueran, sindicatos, oenegés, iglesias, medios de comunicación, deporte, asociaciones de diverso tipo,  y los hechos siguen demostrando que lo señalado no era dicho al azar, sino que formaban parte de la realidad nacional que había llevado al hartazgo a diversos sectores.

Para intelectuales que siguen con atención el desarrollo de los procesos sociales de nuestro país, la propuesta o planteamiento de Revolución Moral, era por lo menos utópica, otras voces decían que eso era paja pues los temas eran estructurales y 2015 no había tocado ni de lejitos los problemas de fondo,  y así, los comentarios no fueron lo suficiente como para destacar el planteamiento de la revolución moral como un proceso en curso en nuestro país.

Otros más esquemáticos se atrincheraron en la afirmación que la corrupción constituía una expresión de la lucha de clases que en el capitalismo era la norma. O desde otra perspectiva, daban algún crédito a la tesis de la manipulación de las movilizaciones del 2015 así como de la novedosa lucha en el marco de las redes sociales. En estos casos parecería que el análisis de ese fenómeno de la revolución moral no se llegó a considerar pues no forma parte de las ideas clásicas más recurrentes y por lo tanto, es de hecho no existente.

2017 nos dio la mejor repuesta. La lucha contra la corrupción es el tema principal de nuestro país y el rechazo hacia la misma es nacional, fuerte, y no sujeto a manipulaciones como se atrevieron a escribir algunos analistas, mientras otros decían que  como no se había tomado el poder se trataba de una revolución que no había tenido lugar. Los hechos, testarudos como son, ubican mi planteamiento de que la Revolución Moral es lo que está ocurriendo en Guatemala.

La moral y la ética se ponen en primer plano, el rechazo a la corrupción y su aliada la impunidad recorre el espectro social, y no hay sector que se quede callado en el tema de la corrupción. Hoy vemos que en varios departamentos los diputados que intentaron aprobar un par de decretos que abrían la puerta ancha a la corrupción son rechazados en sus lugares. Pero quizás lo más simbólico es que en una serie de restaurantes se dice con claridad: no queremos corruptos, nos reservamos el derecho de admisión.

No es seguro que los diputados sean clientes de estos establecimientos, pero lo que sí es seguro es que se trata de un mensaje de alto valor simbólico. Ahora la corrupción, personificada en los diputados que intentaron aprobar decretos para beneficio de los corruptos,  no entra en estos establecimientos. Es sin duda un hecho de gran relevancia en nuestro país. Ahora los ciudadanos que buscan estos lugares para tomar un café o comer algo o simplemente conversar, saben que la corrupción no está a su lado, en la mesa vecina.

Quizás lo de más bulto es la foto hecha circular por las redes de un diputado siendo conminado a desalojar un hotel de Antigua en estos días de descanso. Seguro fue vergonzoso para él, su familia, pero del otro lado hay millones de guatemaltecos que están de plácemes pues finalmente una medida de un hotel, (al que no tiene acceso la gente humilde) ratifica que la lucha contra la corrupción y la impunidad es real, y es como se dice, trasversal en la sociedad guatemalteca.

Ni los hoteles o cafeterías, pizzerías y otros locales van por ello a bajar sus precios,  o la medida no lo garantiza, o a mejorar su calidad, a pagar mejor sus impuestos, o mejorar los salarios de sus empleados,  ni esas medidas van a generar una sociedad más igualitaria, pero sin duda algo me dice que estamos entrando en una nueva fase en la vida de la sociedad guatemalteca. Y por supuesto, mi reconocimiento al gesto que suma en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Como no se trata de las tradicionales y clásicas medidas estructurales como podría ser una reforma agraria o la nacionalización de algún bien,  sino que se trata de algo mucho más profundo  como es la moral y la ética en la sociedad entera,  es que me atrevo a sostener que estamos ante una verdadera revolución moral, en proceso, en desarrollo,  y que no ha alcanzado su máxima expresión, aunque no haya sido aún convertida en la divisa de muchos sectores y analistas, pero, constituye una manera de explicar el actual proceso de saneamiento de nuestros usos y costumbres.

Y hecho central, es un proceso que nos dice que la sociedad guatemalteca se encuentra en ebullición, en pleno movimiento, y que gradualmente alcanza objetivos importantes que esos sí, allanan el camino a otras reformas que esperan su turno y momento.

17 de septiembre de 2017.

Por: Grupo Intergeneracional

Si bien consideramos que la lucha contra la corrupción no resuelve por sí sola los problemas de fondo del país, creemos que en estos momentos es importante reflexionar sobre la coyuntura que Guatemala atraviesa por la lucha contra la impunidad, que ha hecho que políticos, militares en retiro y en activo, y grandes empresarios sean llevados a juicio por evasión de impuestos y corrupción.

 ¿Cómo se origina la corrupción como sistema en Guatemala?

Más allá de la visión legalista de la corrupción, nos interesa hablar del fenómeno como un rasgo histórico y sociológico -fundacional- del Estado: Guatemala se diseñó sobre relaciones e instituciones funcionales a los intereses de una élite. Con varias mutaciones y también complejas adaptaciones de nuevos actores y relaciones en el tiempo, esta lógica instrumental cuya razón de Estado no radica en el bien común o el interés nacional, sino en intereses económicos particulares, sigue vigente.

La historia del país está llena de ejemplos (traducidos generalmente en legislación y políticas públicas) de cómo esa instrumentalización se ha basado en la desposesión y explotación de seres humanos, de la naturaleza y de los recursos del gobierno. La encomienda y el reparto en la colonia, la reforma liberal y la expropiación de tierras indígenas para su concentración en latifundios y el proceso contrarrevolucionario a partir de 1954, son apenas algunos antecedentes de una lógica que desde la construcción de la era del neoliberalismo (mal llamada democrática) hasta hoy, se preserva de forma más visible en la explotación indígena y campesina en las fincas de monocultivos como el azúcar, el café y la palma africana, y en la desposesión para el “desarrollo” extractivista.

Para reflexionar sobre la coyuntura que el país está viviendo deben tenerse en mente dos recientes etapas históricas: la primera apunta a la manera en que durante la guerra interna el ejército –defensor de los intereses de la oligarquía local- con el pretexto de controlar el ingreso de armas y apoyos a las organizaciones guerrilleras, tomó el control y administración de las aduanas y puertos. Ahí descubrieron que una buena forma de agenciarse de “recursos extras” era por medio del contrabando de productos y posteriormente el tráfico de drogas y de personas, dando origen a “La Línea” como mecanismo de defraudación aduanera.

La segunda etapa es la conocida como transición al periodo democrático, cuando se traslada el ejercicio del gobierno de los militares a los civiles. En esa fase la élite económica debe asegurar el mecanismo para mantener el esquema de beneficios y privilegios sostenido hasta entonces por su tradicional alianza con el ejército. Es entonces cuando surge el financiamiento electoral de las élites económicas a los partidos para que, una vez en el cargo, los políticos devolvieran los favores a través de contratos con el estado, otorgamiento de licencias y concesiones, y aprobación de legislación que les garantizara prácticas monopólicas u oligopólicas (como cuotas de importación favorables y aranceles) y otras, que limitan la competencia en igualdad de condiciones para los pequeños y medianos empresarios. En esta nueva etapa de relación entre la élite económica y los políticos, que coincide con la instalación del neoliberalismo en el país, es cuando se arraiga la corrupción como forma de mantenimiento de los beneficios y privilegios estatales en favor de la élite económica y una buena parte del sector empresarial.

La ambición desmedida de enriquecimiento de los políticos hizo que la corrupción fuera creciendo y también complejizándose con la participación de grupos mafiosos y criminales en el escenario posterior a la guerra, alcanzando sus niveles de máxima evidencia durante el gobierno del partido patriota. Para ese entonces ya existía la CICIG, que fue creada porque la práctica había demostrado que era imposible que las mafias incrustadas en el Estado se investigaran y castigaran a sí mismas, pues parte de la forma en la que la corrupción operaba era nombrando como cabezas del sistema de justicia a personas que entorpecieran las investigaciones contra aquellos que se beneficiaban del sistema. El último ejemplo fue la integración de la actual Corte Suprema de Justicia, de la que hay ya tres magistrados enfrentando procesos penales al demostrarse que pertenecían a redes de corrupción y tráfico de influencias, y de la Fiscal General, nombrada como parte del pacto de impunidad entre el Partido Patriota y el Partido Líder, quienes se daban por ganadores de las elecciones de 2015.

Acontecimientos clave 2015

Durante los primeros meses de 2015, los máximos líderes del PP, que tenían conocimiento de que la CICIG se encontraba investigándolos por varios casos de corrupción, manifestaban públicamente que no le renovarían el mandato. Sin embargo, el mandato se renueva y CICIG presenta el caso de defraudación aduanera conocido como “La Línea”, en el que resultaron involucrados el presidente y la vicepresidenta. Además, presentó los casos de “Cooptación del Estado”, “Negociantes de la Salud”, que involucra a Gustavo Alejos, personaje clave del gobierno de la UNE, y “Política y Lavado”, por el que se condenó al candidato vicepresidencial de LÍDER, afectando sus posibilidades de ser electo.

La crisis obligó a la conformación de un gobierno de transición para finalizar el período gubernamental y reactivó en la apática población un interés por la lucha contra la corrupción, que unió a sectores tradicionalmente divididos.

Luego de la presentación del informe de CICIG sobre financiamiento electoral, se planteó la necesidad de posponer las elecciones de septiembre de 2015, pues era evidente que los candidatos que ya estaban inscritos representaban a las tradicionales estructuras de cooptación del Estado. Sin embargo, como la transición estaba siendo tutelada por la Embajada de Estados Unidos, no se permitió la suspensión de las elecciones y se apostó por un candidato considerado un outsider de la política, aunque estuviera rodeado de militares de la más dura ala del ejército, encabezados por Edgar Ovalle, hoy prófugo de la justicia. Estos militares habían decidido organizarse políticamente con miras a defenderse de los diversos procesos judiciales por crímenes cometidos durante la guerra, entre los que destaca el caso de genocidio contra Efraín Ríos Montt.

 Acontecimientos clave en 2016

Unos días antes de la toma de posesión de Jimmy Morales, el MP impulsó el caso CREOMPAZ en el que uno de los principales implicados es Edgar Ovalle, diputado por el partido oficial y cara visible del grupo militar del FCN. En esa época fueron detenidos más militares por el caso Molina Thiessen. Los partidos políticos que más diputados consiguieron fueron Líder, Patriota y UNE. FCN llevó solo 11 diputados al Congreso. Sin embargo, en las primeras negociaciones parlamentarias y debido a unas reformas a la Ley Orgánica del Congreso se dio una reorganización de bancadas a través del transfuguismo y FCN consiguió 37 diputados, la mayoría reelecta y proveniente de Líder y PP. Así pasó a ser la bancada mayoritaria.

Durante el primer año de gobierno de Morales, aprovechando la ola de la lucha contra la corrupción, las bancadas contrarias al FCN y lo que quedaba de Líder reunido en AC, ganaron la presidencia del Congreso y como oposición apoyaron varias leyes impulsadas por CICIG-MP, lo que causó la inconformidad de las bancadas excluidas y que por tener fuertes vínculos con políticos perseguidos por corrupción eran opuestos a MP-CICIG.

En el marco del apoyo recibido por el gobierno de EEUU, Jimmy Morales nombra como Jefe de la SAT a un fiscal del Ministerio Público cercano a la lucha contra la corrupción, quien tenía como principal cometido la desarticulación de “La Línea”. La SAT inicia la fiscalización de varias empresas por evasión de impuestos, las que sin mayor opción por lo bien fundamentado de los procesos pagan los adeudos al Estado. Con ello surgen las primeras voces de cierto grupo del sector empresarial y de la derecha pro-militar, afirmando que la justicia se estaba parcializando e incluso que la lucha contra la corrupción afectaba la economía del país, dando lugar así al discurso de polarización e ideologización de la lucha contra la impunidad.

Además, hubo un intento por reformar la Constitución encabezado por CICIG y MP, con el respaldo del PDH, que buscaba el fortalecimiento de la independencia judicial para evitar la cooptación por grupos afines a la impunidad, así como el reconocimiento de la jurisdicción indígena. Estas propuestas fueron mal recibidas por el sector económico que temía que el reconocimiento de la jurisdicción indígena tuviera un impacto bloqueador en la operación de cementeras, hidroeléctricas, minas y otras formas de explotación de recursos naturales en zonas indígenas. El sector político, grupos pro-militares y grupos mafiosos enquistados en las instituciones, también las recibieron de mala forma porque veían una amenaza depérdida de poder y control sobre la justicia.

En octubre, en medio de procesos contra militares, empresarios evasores de impuestos y políticos corruptos (incluidos el hijo y el hermano del presidente) se eligió como presidenta de la CSJ a Silvia Valdez, una persona declarada a favor del presidente y del FCN y muy cercana al sector empresarial, depuesta un mes después por la CC al establecer vicios de forma en su elección.

En noviembre se detiene la reforma constitucional y, en una fuerte lucha por la presidencia del Congreso, se elige una junta directiva señalada de haber sido negociada desde el ejecutivo con influencia del FCN y de tener como objetivo impedir reformas o leyes impulsadas por MP-CICIG que fortalecieran la lucha contra la corrupción.

                                                                                                   Viñeta: Vicente Chapero

 Acontecimientos clave en 2017

En los primeros meses de 2017 continúa una fuerte polarización y lucha entre el statu quo y los impulsores de la reforma constitucional hasta que al final del primer ciclo legislativo, en mayo, se da por perdida la reforma. Las pugnas de fondo se caracterizaron por la ideologización y una vuelta a los discursos de la guerra fría y los fantasmas del inicio de la posguerra. En medio del debate se apuntó a la ideología de género y LGBTIQ, que puso del lado de la mayoría de los políticos al sector más conservador de las iglesias, que impulsaron la iniciativa de “Ley Homofóbica”. La estrategia contó con el apoyo de la derecha pro-militar y el sector empresarial, que utilizaron a sus diputados, sus ong’s (como la Fundación Contra el Terrorismo) y a los medios de comunicación oficial para desprestigiar la lucha contra la corrupción bajo excusas como la injerencia extranjera o la vuelta dela amenaza del comunismo.

Durante este periodo hay lobby de empresarios y políticos guatemaltecos ante congresistas y senadores estadounidenses para solicitar la salida del embajador Todd Robinson, así como la contratación de una firma de lobistas para el mismo efecto, tanto por el ejecutivo como por diputados representantes de la derecha empresarial y del crimen organizado.

En julio 2017 el MP y CICIG llevan a las cortes el caso “Construcción y Corrupción”, que dejó al descubierto el sistema de adjudicación de contratos públicos a cambio de pagos corruptos, involucrando a varios empresarios de la construcción y al exministro Alejandro Sinibaldi, a quien se le considera parte de la cúpula económica del país.

Uno de los efectos más importantes de este caso fue el involucramiento del Movimiento Cívico Nacional (MCN) dentro de la trama de corrupción: según varios acusados, el ministro Sinibaldi les pidió hacer aportes al MCN, conocido por ser un instrumento de reproducción discursiva de una parte de la derecha empresarial, ahora evidenciada como corrupta.

A principios de agosto se conocen los rumores de un nuevo caso contra el presidente por financiamiento ilícito a FCN-Nación mientras él era el secretario general y representante legal. Jimmy Morales solicita, sin éxito, la remoción del Comisionado de CICIG ante el Secretario General de las Naciones Unidas y posteriormente lo declara non grato, decisión que fue suspendida por la CC. A finales de agosto, el MP y CICIG presentan el caso “financiamiento ilícito”, que involucra a los secretarios generales de UNE, LÍDER y FCN (Jimmy Morales) durante la campaña 2015.

Las opiniones y comunicados publicados al respecto por diferentes representantes del sector empresarial y la derecha pro militar dejan ver una aparente pugna entre quienes están a favor de la lucha contra la corrupción y quienes están en contra, que disfraza entre otras una de las tradicionales pugnas entre élites por acaparar los jugosos beneficios del estado, principalmente por las bandas telefónicas y de internet.

En los primeros días de septiembre varias bancadas del Congreso evitan que se declare con lugar el antejuicio contra el presidente y deciden aprobar dos reformas al Código Penal: una que eliminaba la responsabilidad de los secretarios generales de los partidos por el manejo de fondos ilícitos, y otra que permitía que cualquier persona condenada hasta un máximo de diez años, conmutara la pena (pagar una suma de dinero por no estar en la cárcel). Ambas reformas (que aplican retroactivamente a los ya condenados) estaban claramente dirigidas a beneficiar a personas perseguidas por delitos sobre corrupción y crimen organizado. Ante la inminente persecución penal de la que podían ser objeto por la aprobación -a todas luces fraudulenta e ilegítima- de dichas leyes, dieron marcha atrás.

La relación simbiótica entre el ejército y el presidente se evidencia en estos días con el traslado de Q125 millones al ejército, el homenaje público al presidente en los momentos más duros de la crisis y la posterior publicación de los bonos que dicha institución trasladaba mensualmente al presidente.

 ¿Qué conclusiones preliminares proponemos ante los acontecimientos recientes?

Esta no es una crisis de gobierno sino de sistema. Los tres sectores (buena parte de la élite económica, militares retirados y algunos militares en activo, y la mayoría de los políticos) que han mantenido privilegios a costa de los recursos públicos y por ende de la población en general, se sienten acorralados -o al menos amenazados- por la lucha contra la corrupción y están dispuestos a dar la batalla necesaria para deshacerse del enemigo común que identifican en el MP y la CICIG.

El caso “Construcción y corrupción” confirmó que la corrupción es un sistema en el que políticos y empresarios mantienen una estrecha relación de obtención de beneficios ilegales a costa del Estado y de la población en general.

El desenmascaramiento de un grupo de la élite empresarial como parte de la corrupción, y la evidencia de financiamiento de este sistema al MCN, fue la clave para que la élite empresarial que aún no había dado su apoyo lo hiciera, para debilitar en el corto plazo -y eliminar en el mediano- la lucha contra la corrupción que, de seguirse profundizando, llegará a tocar a los más grandes empresarios del país que viven de este sistema de privilegios.

La reestructuración de la alianza por la impunidad puede llevar a la movilización de las piezas necesarias para profundizar la polarización existente, buscando cooptar en el corto plazo la presidencia de la CSJ (octubre 2017), el nuevo fiscal general (mayo 2018) y las elecciones (2019), en las que las expresiones políticas de cierta derecha corrupta, empresarial o pro-militar, podrían ser las grandes vencedoras y revertir los avances en la lucha contra la impunidad.

Las manifestaciones ciudadanas son indispensables como actos de denuncia, resistencia, desobediencia civil y generación de una conciencia colectiva que cuestione la defensa de una legalidad vacía de contenidos democráticos, como la que se antepuso al celebrar sin condiciones adecuadas las pasadas elecciones. Es necesario sostenernos en la crítica de la criminalización de una protesta que hasta hoy, más que atentar contra el orden constitucional, está defendiendo firmemente su vigencia cuando exige las condiciones de una democracia mínima. Las manifestaciones deben aprovecharse desde el encuentro entre distintos actores y sectores que convergen en las calles y los espacios públicos en todo el país, pero no son suficientes sin pasos concretos en el corto y mediano plazo.

 ¿Qué pasos y acciones creemos que pueden tomarse?

 En el corto plazo vemos importante:

  1. Apoyar a que la lucha contra la impunidad y la corrupción continúe, y sumarse desde una articulación de los movimientos y actores del campo y la ciudad, para que se pueda seguir profundizando en las raíces de sus causas, desde un intercambio y diálogo crítico que incluya las visiones sobre el Estado en un largo plazo.
  2. Impulsar una profunda reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para romper el monopolio -no solo del esquema sino de la lógica- de los partidos como forma exclusiva de articulación política, y permitir que otras expresiones de organización local hagan contrapeso a las maquinarias nacionales que son parte del financiamiento electoral ilícito, de sus representaciones, sus orígenes y sus consecuencias.
  3. Discutir posibles fórmulas, como los partidos políticos distritales y otras, para propiciar vehículos electorales legítimos que lleven al congreso representantes con respaldo y fiscalización ciudadana. Propiciar el establecimiento de herramientas que promuevan ecuanimidad en las campañas políticas en los medios de comunicación masiva, que democratice los partidos políticos nacionales y que brinde herramientas legales al Tribunal Supremo Electoral para que actúe como verdadero juez en las contiendas electorales. Abrir la necesaria discusión sobre el financiamiento de los partidos.
  4. Fiscalizar el fortalecimiento de órganos de justicia y exigir independencia para hacer más eficiente su rol en la reducción de la impunidad. Recordar que ningún debate sobre fortalecimiento e independencia, no solo del poder judicial, sino de cualquier poder e institución –y esto incluye a los partidos políticos- puede ser legítimo si no parte del pluralismo jurídico, como elemento vivo e histórico de nuestra realidad.
  5. Estar vigilantes a las próximas elecciones y nombramientos de funcionarios que son clave en la lucha contra la impunidad, como el presidente de la Corte Suprema de Justicia en octubre, la junta directiva del Congreso en noviembre y el Fiscal General en el primer semestre del próximo año.
  6. Apoyar las acciones que promuevan y fortalezcan a las expresiones sociales y políticas de base que buscan una transformación estructural del Estado, y que con sus acciones y propuestas impulsan desde ya un debate intersectorial e intercultural sobre los entendimientos de ideas colectivas clave como “refundación”, “desarrollo”, “bien común” e “interés nacional”, para que puedan participar en las elecciones de 2019, desde una LEPP reformada.

En el mediano plazo:

Cuando existan condiciones mínimas para un mayor equilibrio en la participación, y canales legítimos de representación política, convocar a una asamblea nacional constituyente, como pieza clave en el ya iniciado proceso de imaginar, construir y dar vida a un nuevo pacto social.

 

Guatemala, septiembre 2017.

Fotografía material Red25 Totonicapán

Por: Nelton Rivera.

Domingo 17 de septiembre 2017, se realizó una reunión de los cantones con la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, desde Prensa Comunitaria nos enlazados con la transmisión de Red25 Totonicapán.

Los representantes comunales entregaron a la junta directiva de 48 cantones una serie de memoriales a través de los cuales solicitan la movilización de todo Totonicapán para el 20 de septiembre sumándose a la exigencia de renuncia del presidente, vice presidente, los diputados del Congreso de la República y el respaldo a todas las instituciones de justicia en esta lucha anti corrupción en Guatemala.

Varias cantones de Totonicapán saldrán el 20 de septiembre adhiriéndose al llamado nacional de Paro Nacional, pero exigen salir en unidad como 48 Cantones.

La Junta directiva de 48 Cantones socializara la solicitud y en asamblea comunal el lunes 18 de septiembre decidirán si se suman al Paro Nacional el 20 de septiembre modificando la fecha de convocatoria para 19 de septiembre.

Además los cantones están molestos por las reuniones que la junta directiva sostuvo con Jimmy Morales durante los primeros días de crisis política, razón por la cual les exigen una explicación y que transparenten la toma de decisiones ante la asamblea de los cantones.

Reunión en 48 Cantones

Posted by Red25 Totonicapán on Sunday, September 17, 2017

 

Fotografía: No nos tientes petenero

Por: Elmer Ponce

Fotografías: No nos tientes petenero / Prensa Libre

Peteneros levantaron su voz ante los últimos acontecimientos que favorecen actos de corrupción y ante la posición de los diputados que representa al departamento, ya que votaron a favor de las reformas al  Código Penal, el cual favorece a actores de la corrupción y delincuentes. Además ante la pasividad que mostró la población del departamento de Petén ante los temas coyunturales.

Fotografía: No nos tientes petenero

En las primeras imágenes, con una pancarta en el que se lee “TRAIDORES DE LA PATRIA, TRAIDORES DEL PUEBLO” se pronunció la población petenera.

Fotografía: Prensa Libre

En las siguientes imágenes publicadas por Prensa Libre, se puede apreciar a dos de los diputados peteneros que son protegidos por la policía luego de que la ciudadanía se manifestara para la derogación de lo antes aprobado y declararon que los dejarían salir del edificio del congreso solo si traían en mano su carta de renuncia ( a todos los diputados) cosa que no sucedió debido a la intervención de la policía que dispersó a la población con gases lacrimógenos y golpes para lograr su cometido.

Cabe mencionar que para varios de los municipios del departamento las empresas o empresa proveedora de la señal de cable, mantiene bloqueada la señal de canales como GUATEVISION que han mantenido cobertura total en estos acontecimientos y que por lo tanto la población que solo tiene acceso al cable no se entera de lo que esta sucediendo en el país.

Fotografía Quimy De León

Por: Carlos Fernández-

@carlosfercid

La jornada del 15 de septiembre ha concluido con la evacuación violenta por parte del Estado, de los 130 diputados que se encontraban en el Congreso de la República de Guatemala, quienes permanecieron por espacio de seis horas, dentro del hemiciclo parlamentario.  Los mismos diputados que el 13 de septiembre se dieron cita para aprobar reformas al Código Penal, que dejaba abierta la puerta para que criminales de distinta calaña, ellos incluidos, quedaran impunes ante diversos hechos delictivos.

Francisco Rivas, actual Ministro de Gobernación, tuvo que activar las Fuerzas Especiales Policiales –FEP-, bajo ordenes de Jimmy Morales, para evacuar a 130 mujeres y hombres que denigraron la alta investidura y legislaron a favor de las mafias políticas, organizaciones del crimen organizado y delincuencia común que campean a sus anchas en todo el territorio nacional.

Importante aclarar, que las personas que manifestaban en las afueras del Congreso, lo hacían de manera pacífica; su únicas exigencias fueron que desengavetaran el Antejuicio a Jimmy Morales y que los diputados renunciaran.  Claro está, los diputados no lo quieren hacer y piensan que con el simple hecho de retrotraer lo actuado el 13 de septiembre, no hay más agravio y pueden seguir como si nada hubiera ocurrido ocupando sus curules.   La lógica de los 107 diputados es la misma que la de un violador, que lleva a una niña de 7 años con engaños a un lugar apartado, donde según él nadie lo ve y lo escucha. Manosea, violenta e intenta penetrar por la fuerza a la menor, ésta lógicamente grita, patalea y llama la atención de la gente a los alrededores. El violador, aún con el miembro erecto y con la niña aún tirada en el suelo, al ser sorprendido por la gente que llega en auxilio de la menor, se sube el pantalón y le dice a la multitud que lo sorprendió, que está arrepentido, que no sabía que estaba haciendo en ese lugar, aduce que la niña lo sedujo y que lo de la violación era algo así como sexo consentido. ¿Qué talito?

El accionar de las FEP, autorizado o no por el Ministro de Gobernación, ha sido un uso desproporcionado de la fuerza, contra civiles pacíficos, desarmado y en ejercicio de su derecho Constitucional a manifestarse contra quienes vulneraron a todas luces la institucionalidad y pusieron en peligro la seguridad del Estado guatemalteco. Jimmy Morales y los Diputados son los principales responsables de esta crisis. Con sus despropósitos solo han logrado exacerbar los ánimos de la población. Son los violadores del ejemplo anterior que pretenden salir impunes.

Los diputados, al igual que el Presidente Morales han perdido toda legitimidad para gobernar el país. No solo agredieron a la población que debieron resguardar, sino que intentaron consumar un pacto de impunidad que beneficiaba a todas las estructuras criminales que imperan en el país.   Jimmy Morales y los diputados, son una gavilla estructurada para el latrocino y la vulneración de los derechos constitucionales.

El sector empresarial, está acostumbrado a pactar con las mafias.  Los sucesos desatados por la intentona del 13 de septiembre de consumar un #PactoDeCorruptos, les beneficiaba, considerando que las investigaciones enderezadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- cada vez se están acercando más, no solo a los operadores políticos representados en los partidos políticos, sino a quienes les financian para ganar negocios y espacios de poder.

En este sentido, no se puede esperar un respaldo honesto de dicho sector a la lucha iniciada desde 2015 por la depuración del Estado guatemalteco. Hay que entender que durante décadas, un buen grupo de ellos y sus familias, han sido los grandes beneficiarios del sistema de corrupción.

A la población honesta, honrada, trabajadora y consecuente, no le queda más que permanecer unida y organizada.  No hay que dejarse sorprender por las campañas de terror y desinformación que propagan por medios de comunicación a su servicio.  Para ser más específico, los medios de Ángel Gonzales bajo el sello de Albavisión.  Estos medios, serviles y grandes beneficiarios del #PactoDeCorruptos están al servicio de Morales y compañía.

Aún con lo complejo del panorama, es necesario cerrar filas como ciudadanos. Lo que está en juego es el futuro de nuestros hijos/as y nietos/as.   Es la patria la que se nos escurre entre las manos.  Es por ello importante, que nos hagamos merecedores de esa estrofa que en el Himno Nacional reza: “Nuestros padres lucharon un día, encendidos en patrio ardimiento…”  Ahora más que nunca, debemos ir al #ParoNacional para demostrarle a las mafias estructuradas que no les tenemos miedo y no les vamos a bajar la mirada.

Fotografías: Prensa Comunitaria / Redes

Entrevista a Sandra Morán, quién hoy 15 de septiembre, está en el congreso junto a otros diputados sin poder salir del Congreso ya que la población exige la renuncia de los parlamentarios corruptos.

¿Usted cómo se encuentra en este momento y cómo califica las manifestaciones que se dan en las calles en las avenidas y calles alrededor del congreso?

Las manifestaciones son parte de un derecho y la población está cansada y harta de las acciones que en el congreso hemos hecho.  Pues la mayor parte de gente pide la renuncia de una gran parte de los diputados y entiendo que piden que se retome el antejuicio del señor Jimmy Morales, yo había pensado hacerlo, sin embargo no logré tomar la palabra, la sesión fue levantada en el momento en el que se terminaron los votos, se cumplió con el objetivo de la sesión.

¿Algunos diputados han dicho que se encuentran secuestrados en el congreso, es esto un secuestro?

Depende de cómo se entiende, como no podemos salir algunos lo pueden leer de esa manera por eso algunos  ponen recursos de exhibición personal.

Se ha dicho que ha habido una reunión en la bancada del Partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE),¿qué se trató en esta reunión?

No supe, no sé ni estuve ahí.

¿Cuál es el llamado a la población que está afuera, así como a las distintas organizaciones que apoyan a la población que está en las manifestaciones en este momento?

Que todo siga siendo sin violencia, que siga siendo una acción ciudadana que impida que pueda haber una acción distinta del ministerio de gobernación, todo ha estado en el marco del orden y de las festividades ciudadanas, dejarnos salir será la decisión de la gente o cuando las autoridades logren un acuerdo con las manifestaciones, nosotros estaremos esperando hasta que logremos hacerlo.

 

Retalhuleu, 13 de septiembre de 2017 (Fotografía: Hans Tambito)

Por: Nancy Martínez

Muchas veces nos preguntamos por qué tenemos conductas tan militares, a veces hasta comprendemos esas expresiones sobre la puntualidad y el orden, de la obediencia y la actitud no deliberante ante los mandatos sociales, familiares y hasta escolares. Sí, siendo personas que estamos en un mundo como el de Guatemala, crecemos en un ambiente militarizado. Para muestra, los famosos desfiles patrios, las marchas de orden cerrado y ahora, las tan alegres y movidas bandas escolares.

Todas estas muestras de patriotismo, están llenas de símbolos militares que nos condicionan a estructurar nuestra vida en un mundo jerárquico, masculino y castrante, en donde lo otro, la subalternidad, “lo femenino”, “lo anormal”, es vigilado y controlado. Sí, a los discursos que construyen los mandatos de género, se le deben sumar todos estos símbolos masculinos que nos rodean y nos condicionan a responder de manera binaria y subordinada. Por muchos años estuvo vedado para las niñas guatemaltecas el acceso a ese mundo masculino. Las instituciones militares y policiales hasta hace poco, abrieron sus puertas a las estudiantes.

Dentro de los rangos militares existe uno de los más temidos, sí, los kaibiles. Quienes egresan con este rango, tienen que demostrar su valentía, honor y fuerza, porque las pruebas a veces son sobrehumanas. Por el tipo de entrenamiento que tienen y lo que se espera de ellos, se les conoce como la élite de impacto dentro de la jerarquía militar.

Teniendo esto en cuenta, y ver esta foto tomada en el departamento de Retalhuleu un día 13 de septiembre durante un desfile patrio de una escuela de preprimaria, es posible enfrentarse a muchas ideas, sí es una imagen fuerte. Son niñas y niños vestidos de kaibiles en un desfile patrio. ¿Cuánto simbolismo existe dentro de esta imagen, cuánto mandato social y represivo puede verse en ella? Otros pueden ver un empoderamiento de la población porque a infantes se les viste de militares y ese imaginario deseado está accesible a la población. En sí, se puede creer que existe un futuro prometedor, si se es parte de ese aparato del Estado.

Son niños y niñas a quienes las docentes han disfrazado, en su desfile portan armas, sí de juguete, pero qué están mostrando, ¿por qué necesitamos llenarnos de armas de fuego para celebrar a la patria?, ¿estamos en guerra? En todo esto, qué discurso realmente están reflejando estos infantes de una manera tan inocente y tan amena, por estar en un desfile conmemorando la “independencia”.

La violencia simbólica es de las más temibles, porque no nos percatamos cuando nos enfrentamos a ella. Tomamos como normal algunas de las actitudes que devalúan o discriminan a cierta población o sexo, porque esos discursos violentos se insertan en chistes o imágenes. En esta foto esa violencia está vedada, ya que primero reaccionamos con ternura, por la presencia de esos infantes que desfilan con ánimo y alegría. Pero más allá de esa primera reacción, es escalofriante ver el mundo que están represetando.

Sí, el patriarcado ha utilizado distintas instituciones para corregir, controlar, disciplinar y adoctrinar a la población. Una de ellas es la militar, esta institución ha sido creada para “proteger” a la sociedad, pero históricamente ha invadido, destruido, controlado, violentado, mutilado, violado los cuerpos de las mujeres, entre otras atrocidades. Mediante la fuerza militar, las comunidades son disciplinadas y acalladas para acatar los mandatos que sirvan a las órdenes, que en muchos momentos de la historia ha sido de un Estado opresor. El trivializar el paso de kaibiles mediante un desfile patrio de una escuela rural, es volver cotidiana su presencia y normalizarla. Sí, esto también puede hacer evidente que en un país como Guatemala, la mayoría de la población piense que se necesita de represión, de la castración y de la continua represión militar para funcionar, porque la violencia se valida y al militar se le aplaude, cuando de “valores patrios” se trata.

 

Texto e ilustración: Mariela Campo, estudiante de Instituto Maya “Padre Guillermo Woods” Ixcán

Este gran pacto de corrupción que se está generando actualmente, es una evidencia más de esta falsa independencia que nos han venido transmitiendo.

La marginación, la esclavitud y la gran desigualdad a la que estamos sometidos por este sistema, no es más que evidente para darnos cuenta que es una farsa para para seguirnos callando y dividiendo en nuestras comunidades.

Gracias a nuestros trabajos y luchas diarias, conseguimos lo necesario para sobrevivir y hacer sobrevivir a nuestras familias, ya que los servicios básicos que debería de proporcionar el Estado en temas de infraestructura como  hospitales, carreteras, agua potable y escuelas entre otros, es ausente en nuestros pueblos. Lo que tenemos nos lo han dado nuestros abuelos y padres, que bajo el fuerte calor se han fajado toda la vida.

Asimismo, nuestros familiares han tenido que emigrar a otros países para darnos una vida mejor. La corrupción y los malos gobiernos han sido los culpables de las causas coyunturales que obligan a nuestros padres, hermanos y hermanas a viajar y a separare de nosotros como familias.

Razón por lo cual el 15 de septiembre no es más que una forma de mantenernos dormidos y hacernos creer que vivimos en plena libertad y paz.Actualmente vivimos en un Estado fallido.

#Ahorita

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