Fotografía hispantv.com

Por: Marcelo Colussi

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Rodrigo Londoño Echeverry, el comandante Timochenko, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- aspira a la presidencia de su país. Es difícil predecir qué sucederá en las próximas elecciones presidenciales en mayo del 2018, pero de ganarlas Timochenko: ¿qué podría pasar?

Ante todo, dos consideraciones: 1) el más profundo respeto por la lucha de un movimiento revolucionario armado como las FARC, y 2) esto no es un caprichoso ejercicio de futurología.

Decimos esto para que quede claro que, en modo alguno, se está cuestionando la participación de una fuerza de izquierda, hasta hace poco alzada en armas, en una justa electoral dentro de los marcos de las democracias vigiladas y a cuentagotas que puede permitir el sistema capitalista. En todo caso, esa participación es una maniobra política, quizá útil en este momento (quizá, incluso: lo único posible en las actuales circunstancias), y de ningún modo podríamos enjuiciarla. La lucha política, por supuesto, admite muchas variantes.

Al mismo tiempo, como otra consideración indispensable para completar lo anterior: de ningún modo se está llamando a continuar la lucha revolucionaria por vía armada. Eso, lo vemos en forma descarnada, en este momento no tiene espacio político para crecer, distintamente a lo que ocurrió en el contexto latinoamericano cinco décadas atrás. Más aún: no tiene el más mínimo espacio siquiera para nacer. Insistamos: eso es válido en este momento puntual, ahora que estamos en el auge del neoliberalismo y la desmovilización del campo popular. ¿Cómo seguirá la lucha revolucionaria por un cambio social en el futuro?, no lo sabemos. Es probable que se rearmen guerrillas, ¿por qué no? Pero hoy por hoy, definitivamente no hay posibilidades. ¿Los hackers serán una opción? ¿La victoria electoral en poderes locales, como alcaldías? No está claro. Habrá que inventarlo.

¿Qué pasaría si Timochenko ganara las elecciones? El presente no pretende ser un análisis de la figura personal de este luchador colombiano; es, en todo caso, un ensayo de interpretación de una realidad compleja, donde el comandante de las FARC devenido político en los marcos de la actual institucionalidad tiene un espacio limitado, quizá muy limitado. Por lo pronto, el grueso de la prensa comercial lo criminaliza. El latiguillo del castro-comunismo y el “fracaso” del chavismo es el coro que le acompaña ya desde ahora.

Sobre lo que se quiere llamar la atención en este momento, justamente, es sobre ese espacio que tiene, quizá limitado. ¿Qué es posible modificar dentro de la institucionalidad capitalista? ¿Es posible modificar algo? ¿Vale la pena intentarlo? ¿Para qué entrar en la contienda electoral como un partido político más de la clase dominante?

Todas estas preguntas merecen largos y complejos desarrollos. Un pequeño texto como el actual no pretende agotarlas, por supuesto. Pero sí dejarlas indicadas, con la intención de retomarlas en un futuro, abriendo el debate.

¿Hasta dónde se puede cambiar algo sustancial dentro del sistema de partidos políticos burgueses? La experiencia muestra que hay límites infranqueables. La socialdemocracia (capitalismo con rostro humano, políticas keynesianas, regulaciones “humanistas” dentro de la lógica despiadada del mercado) ha logrado sociedades medianamente equilibradas, pero solo en muy contados países. De hecho, eso presupone una división internacional del trabajo donde la renta capitalista llega a unos pocos lugares que se pueden permitir esos “lujos”. ¿Por qué no resultan los planteos socialdemócratas en la mayoría de naciones del llamado Tercer Mundo? Porque la explotación y extracción de plusvalía no permite repartir con equidad el producto del trabajo social (la riqueza generada por el trabajo), pues esa diferencia es la condición de posibilidad de la insultante riqueza de la clase dominante. Si el pastel de riqueza da para todos, el sistema no permite su repartición equitativa, porque contiene en sí mismo esa negación insalvable: los ricos son ricos porque hay pobres, y punto.

Si se trata de repartir equitativamente esa riqueza logrando una auténtica justicia social, el sistema capitalista no lo puede permitir, aunque quisiera (¡y no quiere!). Lo más a que puede aspirar es a un esquema donde el Estado juega un papel regulador, facilitando políticas sociales que beneficien medianamente a las mayorías. Pero de allí no puede pasar. Entonces, el juego de los partidos políticos de la derecha no puede ir más allá de una relativa regulación de la renta generada por la clase trabajadora. Igualar realmente las condiciones de vida confiriendo poder a los trabajadores, está absolutamente imposibilitado. ¡Eso es el socialismo!

Dicho de otro modo: los partidos políticos burgueses están para administrar el sistema, no para cambiarlo. Las FARC, como cualquier grupo revolucionario que se alzó en armas, intentaron cambiar el sistema, ¡no administrarlo con prolijidad y mesurada corrección!, no con saco y corbata y “bien portados” según la lógica dominante. Si Timochenko llegara a ser presidente: ¿podría cambiar estructuras de base? O… ¿tendrá que ponerse el saco y la corbata?

La historia demuestra -lamentablemente con mucha sangre y dolor de por medio- que esos cambios reales vía urnas no son posibles. Toda vez que una administración surgida de una elección popular en los marcos del capitalismo quiso ir más allá de lo que el sistema permite (Salvador Allende en Chile, Jacobo Árbenz en Guatemala, la Revolución Bolivariana en Venezuela), fue duramente golpeada. En todo caso, el sistema se permite cambios cosméticos, no más- ¿Podría Rodrigo Londoño (Timochenko) cambiar eso?

Las izquierdas armadas reconvertidas en partidos políticos no pudieron pasar de las tibias socialdemocracias, cuando detentaron algún poder, sea la presidencia o la oposición parlamentaria; el mandato inexorable del mercado (y el continuo hostigamiento de la derecha) no lo permiten. Ejemplos al respecto hay muchos: el Farabundo Martí en El Salvador, el Frente Sandinista en Nicaragua, los Tupamaros de saco y corbata en Uruguay, la URNG en Guatemala.

Estas reflexiones no son, de ningún modo, un ataque contra las FARC ni contra la candidatura presidencial de su comandante. En todo caso, pretenden abrir una pregunta sobre los caminos que hoy puede recorrer un verdadero proceso de transformación social. Si la vía armada hoy por hoy se agotó y la institucionalidad burguesa no ofrece salidas: ¿por dónde ir?

Fotografía Lainformacion.com

Texto y fotografías: David Diego

El 8 de noviembre, en el municipio de Santa Eulalia, departamento de Huehuetenango, el Instituto Nacional de Bosques (INAB) de la subregión VII-4, con sede en el municipio de San Pedro Soloma,  evaluó las parcelas de muestra, denominados parcelas PPM, para monitorear anualmente el crecimiento del diámetro y el estado de los pinos tristes y los cipreses.

El monitoreo tendrá una duración de 10 años y luego harán un informe para determinar exactamente el crecimiento de estos árboles. El estudio se realizó en Jom koj, dentro de una de las parcelas estimulada por los incentivos forestales.

Fotogarfía Plataforma Agraria

 

Por: Plataforma Agraria Honduras.

Ante la falta de voluntad política por parte del gobierno de Juan Orlando Hernández el movimiento campesino y empresas aglutinadas en la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguan denuncian ante el pueblo Hondureño, organizaciones del movimiento social en Honduras, organizaciones defensoras de derechos humanos nacional e internacionalmente, ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo siguiente:

 

  1. La Plataforma Agraria ha venido proponiendo  por más de tres años la instalación de Una Mesa de Dialogo al más Alto nivel por parte del Gobierno para discutir la agenda de cada una de las Empresas y Movimientos campesinos del Bajo Aguan. El 27 de Octubre de 2017 el gobierno de Honduras convoco a la Plataforma Agraria para la instalación de la Mesa de diálogo, esta no se llevó a cabo, y en tres ocasiones ha sido pospuesto y a la fecha no se ha concretado nada, lo que demuestra la inoperancia y la falta de voluntad política del Gobierno de Honduras para solucionar un conflicto que ha cobrado la vida de más de 150 compañeros/as asesinadas y cientos de campesinos criminalizados.

 

  1. A partir del 27 de agosto del presente año se han ejecutado 14 desalojos violentos en el Bajo Aguan, han partido comandos policiales, militares y guardias de seguridad, como resultado hay 4 personas asesinadas, un herido, 85 personas criminalizadas en su mayoría mujeres y jóvenes que han sido fuertemente gaseados, torturados, golpeados y perseguidos  por la Policía Nacional, Policía Rural y miembros del ejército de Honduras.
  2. Denunciamos que Corporación Dinant (familia Facusse), Inversiones Ceibeña (Reinaldo Canales) y Oleopalma (René Morales), entre otros, cuentan con el respaldo y apoyo del Estado de Honduras como supuestos dueños de las Fincas Paso Aguan y el Tumbador donde permanecen, unidades policiales y militares de 40 elementos permanentes al servicio de los intereses latifundistas. Sin embargo, el director del INA en acta del 22 de julio de 2015 expresa que son tierras que siguen siendo del estado y por tanto, para fines de reforma agraria.

 

  1. Las tierras que explota Corporación Dinant en la Finca el Tumbador que son alrededor de 750 hectáreas, corresponden a 45 empresas campesinas del MCA, que están dentro del título de propiedad de 5,700.24 hectáreas inscrito en el instituto de la propiedad que fueron adjudicadas al Movimiento Campesino del Aguan (MCA) a partir del año 2000.

 

  1. Denunciamos que existe el 99 por ciento de impunidad en los asesinatos, violaciones a los derechos humanos cometidos grupos paramilitares que operan en el Bajo Aguan, la policía , elementos del ejército Hondureño y guardias de seguridad de las corporaciones terrateniente. Los entes encargados de impartir justicia en Honduras como  la Fiscalía del Ministerio Publico y los jueces  se prestan para favorecer a los empresarios de la zona inventando requerimientos fiscales falsas, ordenes de captura, encarcelando  y criminalización a niños, jóvenes,  mujeres y ancianos que buscan recuperar las tierras que fueron asignadas para procesos de Reforma Agraria pero que estas siendo  explotadas por las Corporaciones Terratenientes a través de un proceso amañado de corrupción, ilegalidad  y confabulación por parte del Estado de Honduras desde el año 1992.

 

  1. Condenamos la inoperancia de los órganos de seguridad e investigación quienes  no trabajan la seguridad de la población de manera preventiva. Este día, ha sido encontrado muerto en el lote número 12 de la finca Paso Aguan, en el área controlada por Corporación Dinant, el niño Leodan Mancia de la comunidad de Rigores, antes fue encontrado muerto un caballo en que el niño se transportaba el día de ayer 14 de noviembre. Responsabilizamos al estado de Honduras por este  crimen atroz.
  2.  Hacemos un llamado a organizaciones defensas de Derechos Humanos nacional e internacionalmente a estar pendientes de cualquier atropello y violaciones contra las organizaciones campesinas en proceso de lucha por la tierra en el bajo aguan.

 

Tegucigalpa a los 15 días del Mes de Noviembre, 2017.

Fotografía Carlos Choc

Por: Carlos Ernesto Choc.

En la comunidad Kashlampom en el municipio de El Estor Izabal se violentaron los derechos humanos de una mujer q’eqchi para realizar un proyecto de agua potable, ella es Florinda Chumax y llegó a un acuerdo con la Municipalidad y con el COCODE de la comunidad para ejecutarse dicho proyecto, pero Florinda denunció recientemente que sus derechos fueron violados. Durante el primer año de gobierno del alcalde municipal firmaron un convenio para que pudieran hacer uso del agua y generar un proyecto de agua potable para la comunidad, la municipalidad se comprometió a pagar el uso del agua, un año despues no quiere hacer el pago y la misma municipalidad busca despojar de su terreno a la familia.

Ella es la propietaria del terreno en donde está el nacimiento del agua, ahora la municipalidad quiere desalojarla junto a su familia y pretende irrespetar lo antes acordado o con la comunidad desde el gobierno municipal.

La dueña del terreno explicó que está siendo amenazada por el alcalde de El Estor, el señor Rony Méndez Caal y por el COCODE de su comunidad, durante los últimos dos años su familia y ella han sido acosados e intimidades por estas personas, denunció como su padre fue agredido y amenazado.

Las acciones intimidatorias no quedaron solamente en el alcalde municipal, el 6 de noviembre llegaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del DIPRONA a amenazarla de desalojarla de su tierra y de su hogar. Florinda Chumax tiene el título de propiedad de la tierra en donde se encuentra el nacimiento de agua y exige que se respete el convenio firmado dos años atrás y que se respete sus derechos y no se le siga acosando por el tema del agua potable.

Fotografía: entremundos.org

Por: Ollantay Itzamná

Cuando un Estado abandona su rol de promotor y garantista de derechos para sus habitantes, estos, al sentirse vulnerados en sus derechos, amparados en convenios internacionales, se organizan y ejercen su derecho a defender derechos (por la vía pacífica). Pero, esta noble labor ciudadana de la defensa de derechos, en circunstancias de la ausencia del Estado de Derecho, se torna muy peligroso.

En las siguientes líneas indicamos lo que las y los defensores indígenas, organizados en el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), vivieron en el lapso de apenas cinco días, en lo que va del presente mes de noviembre, en Guatemala.

“Me golpearon por la espalda… La lucha, vamos a seguir”

El día 03 de noviembre último, a las 18:00 horas, luego de una asamblea de coordinación, en el centro del área urbana del municipio de Nebaj, departamento Quiché, Jacinto Brito, defensor maya ixil, coordinador regional de CODECA, para el área ixil, fue brutalmente golpeado por desconocidos.

“Cerca del mercado, me pegaron por atrás un golpe fuerte en la cabeza, y me tiraron al suelo. Allí me patearon… Creo que eran como dos o tres… Cuando me desperté y me levanté, mi cuerpo estaba lleno de sangre.” Indica Jacinto Brito.

“Yo no tengo enemistad con nadie. Lo único que hacemos es defender nuestros derechos como indígena ixil. Y denunciar todos los abusos que nos hace la empresa Energuate (empresa distribuidora de energía eléctrica). Eso fue lo que le expusimos también al diputado Eduardo Cruz Gómez”, sostiene Brito, quien, previo al ataque, junto a otros seis defensores ixiles, abordó la “conflictividad social” ocasionada por la distribución de la energía eléctrica con el Diputado mencionado.

Ante la pregunta: ¿qué piensa hacer con relación a su compromiso en la defensa de derechos?, Brito responde: “La lucha vamos a seguir. Yo, no voy a abandonar este camino.  Ahora mismo, mi esposa me está reemplazando en una asamblea regional de coordinación que se está realizando, porque no puedo ir aún (…). Dejo en manos de Dios a los que me atacan”, concluye el entrevistado.

Salió a hacer una oración, antes de participar en el paro nacional… Hallaron masacrado su cadáver

El día 7 de noviembre del 2017, a las 6:45 de la mañana, a dos kilómetros de distancia de su vivienda, en el Catón Chuichop, municipio San Antonio Ilotenango, departamento de Quiché, Antonio Pérez, el defensor indígena maya quiché de 35 años de edad, socio e integrante de la junta directiva de CODECA en su comunidad, fue asesinado con arma blanca por desconocidos, en el camino.

“Salió de la casa porque lo llamaron para que fuera a participar en una oración (actividad religiosa)”, indican los familiares del difunto.

El movimiento social CODECA había declarado paro nacional, con ocupación de caminos, los días 7 y 8 de noviembre.

“A los 80 socios de la comunidad del finado, Antonio Pérez, organizado en resistencia desde hace más de cuatro años atrás, le correspondía participar en el segundo día de dicho paro nacional. Así estuvo programado. Pero, lamentablemente Chuichop ya no pudo participar en el paro porque todos estábamos ocupados en acompañar a los familiares de la víctima”, indica Don Francisco, otro de los defensores locales de CODECA.

Los autores del crimen no dejaron mayor rastro del móvil del crimen, mucho menos se sabe, con exactitud, sobre quiénes cometieron dicho acto macabro. Dejaron, en el lugar, tirado el cuerpo de la víctima, con los intestinos expuestos. Quizás como acto de escarmiento a la comunidad organizada en resistencia.

Este asesinato dejó cinco hijos menores huérfanos, y una viuda maya sin mayor oportunidad laboral.

Empresario envistió con su vehículo polarizado en contra de manifestantes en vía pública

Durante el segundo día del último paro nacional, el 8 de noviembre, alrededor de 10 am., en la Aldea La Ruidosa, Municipio Morales, Departamento de Izabal, el empresario Carlos René Pineda Sosa, de 45 años de edad, envistió con su automóvil al grupo de defensores/as de CODECA que realizaban su acción colectiva de protesta en el lugar, y fracturó la pierna izquierda del defensor comunitario Vicente Calderón, de 62 años de edad (con 10 hijos, y 3 de ellos menores de edad).

En el acto, los manifestantes rodearon e inmovilizaron el motorizado  ocupado por el agresor. Quién, ante la insistencia policial, abrió y bajó de su vehículo. Y, posteriormente fue puesto a disposición de la instancia judicial, para inmediatamente quedar libre bajo fianza.

Don Vicente, aún convaleciente en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), indica que: “El señor (agresor) dijo que estaba apenado, que me pasaría un sueldo mensual de Q.2,800 mensuales hasta que me recupere. Me prometió ayudarme a sacar mi jubilación. (…) Estuve internado en el hospital privado por dos noches, porque él ordenó así, y él pagó. Luego me trajeron aquí al IGSS”.

“Primero Dios logro sanar bien y volver con mi familia. Dicen que hay un convenio firmado en el que se comprometió el señor (agresor) a pagarme, pero yo no firmé nada, porque no se leer, ni escribir. Quizás es sólo para tapar el ojo al macho”, indica, un tanto frustrado, don Vicente.

Pero, expresa con convicción: “Yo seguiré luchando por la nacionalización de la energía eléctrica hasta el día de mi muerte. En mi comunidad somos más de 100 familias en resistencia”.

Ministerio Público y Empresa Pública de Medellín enjuician a dos defensores y radialistas

El uso desmedido del derecho penal, incluso rompiendo el debido proceso, en contra de defensores comunitarios de derechos humanos es una constante en contra del movimiento CODECA.

El caso que marcó hito fue el secuestro, detención arbitraria, seguido de proceso penal en contra del fundador y coordinador Mauro Vay Gonón, junto a la entonces vice Presidenta de CODECA, Blanca Mejía, en 2014.

En dicho caso, la Fiscalía contra el Hurto de Fluidos (creado nada menos que por el defenestrado y, ahora, encarcelado, ex Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina), junto a la empresa distribuidora de energía eléctrica (ENERGUATE, ahora, de propiedad de la corporación israelí POWER), acusaron a estos defensores por delitos como: actividades contra la seguridad interna de la nación, intento de estafa, entre otros.

El Juzgado de Tribunal de Sentencia Penal, de la ciudad de Huehuetenango, los declaró parcialmente culpables. Y, la Sala de Apelaciones de la misma ciudad los absolvió en 2017. En 2016, la ONU, mediante su Grupo de Trabajo contra Detenciones Arbitrarias, estableció que el Estado de Guatemala había cometido “detención arbitraria” en contra de estos defensores, y estableció recomendaciones.

La criminalización contra defensores de este movimiento no concluyó allí. En 2014, siempre la Fiscalía contra Hurto de Fluidos, junto a las distribuidoras de electricidad Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. (de propiedad de la Empresa Pública de Medellín) y Distribuidora Eléctrica de Occidente (de propiedad de la corporación israelí POWER) iniciaron un proceso penal nada menos que en contra de la Coordinadora de Mujeres del movimiento CODECA, y defensora de derechos humanos y radialista, Vicenta Jerónimo Jiménez, maya mam, de 44 años de edad. Y, en contra del actual Director de la Radio Victoria (de propiedad de CODECA), y Coordinador de Juventudes en dicha organización, el defensor y comunicador Edvin Amado Sánchez Cabrera, maya mam, de 31 años de edad.

Los delitos imputados contra estos dos defensores y radialistas de CODECA son: atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública, actividad contra la seguridad interna de la nación e instigación a delinquir. El Ministerio Público no presentó ninguna prueba documental, únicamente ofreció más de una decena de testigos (muchos de ellos empleados de la empresa eléctrica).

La audiencia de debate oral y público se abrió el pasado 6 de noviembre, en el Juzgado de Tribunal de Sentencia Penal, del municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Dicho acto prosiguió el 14 del mismo mes, y está fijada su continuación para el día 27 de noviembre.

 

Por: Marcelo Colussi

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Acaba de presentarse en Guatemala la película “Sin miedo”, del realizador ítalo-español Claudio Zulian. Próximamente comenzará un amplio proceso de socialización del film, llevándoselo a los circuitos de cine comercial, buscándose su difusión en la mayor cantidad de sectores de la sociedad guatemalteca y, al mismo tiempo, su exhibición en la mayor cantidad de espacios posibles fuera del país.

La realización es una producción de Acteon, Monstro Films y CDP, en coproducción con ARTE France, Alebrije cine y video y Óxido, en colaboración con el Programa Ibermedia

La idea es que todo el mundo conozca de una verdad bastante, o muy silenciada: Guatemala sufrió una terrible guerra interna de 36 años de duración entre 1960 y 1996. Producto de ello murieron 200.000 personas, y 45.000 fueron desaparecidas por el Estado. El 82% de esas víctimas fue población maya. Terminada la guerra, más allá del silencio de las armas, nada cambió en la estructura básica de la sociedad, pues continúa siendo uno de los países del mundo donde la distancia entre los más acaudalados y los más desposeídos es de las más abrumadoras. De hecho, con un 60% de su población bajo el límite de la pobreza (2 dólares diarios de ingreso, según la ONU), Guatemala, siendo territorio productor neto de alimentos, presenta una de las tasas de desnutrición más altas del globo.

Pasó la guerra y todo parece seguir igual. Y además, las heridas dejadas por más de tres décadas de conflicto armado, el Estado se niega a reconocerlas, y mucho más, a sanarlas. De ahí que nace esta película.

Según los realizadores, “«Sin Miedo» nace de una extraordinaria intuición. Un grupo de familiares de personas secuestradas y desaparecidas por el ejército guatemalteco durante la dictadura militar, pidió y consiguió que, entre otras muchas medidas de reparación, figurara la producción de un documental a cargo del Estado. Fue en el año 2012 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó por primera vez al Estado de Guatemala por estas desapariciones forzadas (más de 45.000 civiles) durante los años de la guerra civil (1960-1996). Hasta ahora el Estado se ha negado a acatar la sentencia -y producir el documental- pero los familiares no han querido esperar más. Están convencidos de que lo esencial de la cultura, de la historia y la memoria, se juega ahora también en el campo del audiovisual. Es por esto que «Sin Miedo» es también una exploración de las formas actuales de nuestra memoria (individual y colectiva). El lenguaje del cine, la televisión, el material de archivo, los dibujos y performance nos llevan a través de la historia de esta lucha y somos capaces de ver todos sus aspectos humanos.”

El documental sigue las peripecias de un grupo de familiares en su búsqueda de justicia por la desaparición de sus allegados. Cuatro de ellos son los protagonistas de la película, quienes narran con un peculiar lenguaje la sangrienta historia de Guatemala: Miguel Ángel Arévalo, Paulo Estrada, Ofelia Salanic Chinguil y Salomón Mejía Estrada

Según su director, Claudio Zulian: “«Sin miedo» existe gracias al deseo expreso del grupo de familiares de los desaparecidos, planteando así otra cuestión fundamental en el campo de la producción audiovisual contemporánea: ¿Quién habla? ¿Quién decide quién puede hablar? Desde este punto de vista, Sin miedo es un extraordinario ejemplo de empoderamiento. El grupo de familiares de desaparecidos siempre ha tenido una clara conciencia de ello. Tan pronto como se emitió la sentencia comenzaron a trabajar: hablaron con directores, productores y técnicos; querían saber exactamente cómo crear un documental; y exploraron la manera en que se ha abordado la trágica historia reciente de América Latina en el campo audiovisual.”

Nos permitimos recomendarla, dada que constituye una pieza imperdible para conocer la historia, no solo de Guatemala, sino del mundo. La Guerra Fría vivida décadas atrás, expresión de la lucha de clases a nivel global, terminó; pero el conflicto social de base sigue, y recuperar la memoria histórica es indispensable pare conocer dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir.

Texto y fotografías: Carlos Choc

Este 16 de noviembre varias comunidades del municipio de El Estor, en el departamento de Izabal participaron en una marcha pacífica en contra de la corrupción y el sistema que domina al país.

Piden la renuncia del presidente de la república, Jimmy Morales y de todos los diputados del congerso, así mismo exigen que no haya más desalojos y que el alcalde del municipio respete los derechos de los pueblos indígenas.

El 11 de noviembre de 2017, el periodista y defensor de derechos indígenas, Jerson Antonio Xitumul Morales, fue detenido en El Estor, Izabal, Guatemala. El defensor ha sido blanco de un proceso de criminalización de personas que luchan por la preservación del medio ambiente en El Estor.

Jerson Antonio Xitumul Morales es defensor indígena y periodista en Prensa Comunitaria. Recientemente cubría la situación en El Estor, donde la comunidad indígena Maya-Q’eqchi’ se opone a los efectos de las actividades mineras en la región que están contaminando el lago Izabal y sus alrededores, afectando a las comunidades y poniendo en peligro su sustento. El periodista estaba documentando la contaminación y apoyando a las comunidades en su esfuerzo por proteger su territorio.

En la mañana del 11 de noviembre de 2017, Jerson Antonio Xitumul Morales fue detenido por las autoridades guatemaltecas en El Estor.

El 21 de julio de 2017, Jerson Antonio Xitumul Morales y miembros del Gremial de Pescadores Artesanales (GPA), entre ellos Juan Eduardo Caal Suram, Eduardo Bin Poou, Tomas Che Cual, Cristóbal Pop Coc, Vicente Rax Pop, Carlos Ernesto Choc Chub, así como periodistas que reportaron la contaminación en El Estor y sus alrededores, fueron informados de que se estaba llevando a cabo un proceso penal contra ellos. El 11 de agosto de 2017, el Juez del Juzgado de Primera Instancia Penal y Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal emitió órdenes de detención contra ellos. Los defensores de derechos humanos enfrentan acusaciones de amenazas, instigación a delinquir, asociación ilícita, reuniones y manifestaciones ilícitas, daños y detenciones ilegales. Las acusaciones se produjeron a raíz de denuncias formuladas por los ejecutivos de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), cuyas actividades están contribuyendo a la contaminación y daños ambientales en El Estor.

El 27 de mayo de 2017, el gobierno guatemalteco había abandonado de manera unilateral las negociaciones con el GPA, quienes se organizaron en un intento de encontrar una solución a los problemas de la comunidad causados por las actividades mineras y la contaminación. El gobierno guatemalteco ha incumplido continuamente la legislación internacional y nacional, así como decisiones judiciales que le exigen que respete los derechos de las comunidades indígenas.

Este es el último arresto en una ola de detenciones y ataques destinadas a obstaculizar el trabajo de personas defensoras de derechos humanos en la región. El 27 de mayo de 2017, Carlos Maaz Coc fue asesinado a tiros por la unidad de policía antimotines de la Policía Nacional Civil durante una manifestación pacífica contra las actividades mineras en El Estor. Front Line Defenders también ha reportado previamente sobre la detención arbitraria de Juan Eduardo Caal Suram el 11 de octubre de 2017, imputado en base a acusaciones falsas en el mismo caso que Jerson Antonio Xitumul Morales.

El 4 de febrero de 2017, Abelino Chub Caal, defensor indígena Maya-Q’eqchi’, fue detenido y acusado falsamente de “usurpación agravada”, “incendio”, “coacción”, “asociación ilícita” y “agrupaciones ilegales de gente armada”. Él permanece detenido mientras espera que su caso sea juzgado.

Front Line Defenders expresa preocupación por el arresto del defensor de derechos humanos Jerson Antonio Xitumul Morales, así como por la criminalización en curso contra personas defensoras de derechos indígenas, miembros del Gremial de Pescadores Artesanales y periodistas que informan sobre la contaminación en la región.

Front Line Defenders insta a las autoridades de Guatemala a:

  1. Liberar inmediata e incondicionalmente a Jerson Antonio Xitumul Morales, ya que Front Line Defenders cree que está detenido únicamente como resultado de su trabajo legítimo y pacífico en defensa y promoción de los derechos humanos;
  2. Retiren inmediatamente todos los cargos contra Jerson Antonio Xitumul Morales y los miembros del Gremial de Pescadores Artesanales Eduardo Bin Poou, Tomas Che Cual, Cristóbal Pop Coc, Vicente Rax Pop, Carlos Ernesto Choc Chub, Juan Eduardo Caal Suram, así como los periodistas acusados, ya que se cree que éstos están motivados únicamente por su legítimo y pacífico trabajo en defensa de los derechos humanos;
  3. Tomar todas las medidas necesarias, en consulta con las personas defensoras, para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de las comunidades Maya-Q’eqchi de El Estor, incluyendo miembros del GPA;
  4. Tomar todas las medidas necesarias para poner fin a las intimidaciones contra los/as defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala, para que puedan seguir con sus actividades de defensa de los derechos humanos sin temor a represalias, de acuerdo con la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

 

 

 

Fotografía: tomada del muro de Jerson Morales

Por: Lucía Ixchíu

Jerson Antonio Xitumul Morales es periodista local de El Estor, Izabal y parte de Prensa Comunitaria. Fue detenido en El Estor el pasado 11 de noviembre sin orden de captura, la policía llevaba una fotografía de él en un celular y con eso bastó para llevárselo. Jerson estaba siendo hostigado por su ejercicio periodístico a nivel local, desde mediados de mayo de este año.

Jerson  Xitumul nació en el Estor, Izabal, Guatemala en el año de 1990, tiene 27 años de edad, graduado de nivel medio como maestro de educación primaria bilingüe  en el Instituto INFOVI y padre de de 2 hijos.

Desde que se graduó no ha podido ejercer como maestro y ha trabajado en diverso lugares, trabajó aproximadamente 4 años en el ingenio azucarero Chabil Utzaj como supervisor de talleres y de campo, con la quiebra del ingenio lo despidieron. Después trabajó en la municipalidad como guardián de un pozo y fue despedido.

Lleva alrededor de dos años desarrollando su trabajo como periodista y ha trabajado para diversos medios locales, Estéreo Bahía con el programa “El poder de la noticia“ de Puerto Barrios, Izabal, en Izavisión Canal 19 y desde principios de este año corresponsal para Prensa Comunitaria.

¿De qué se le acusa?

Es importante aclarar algunos de los diversos sucesos que han sucedido desde febrero de este año, en la región de El Estor.[1]

Dentro de la reconstrucción de los hechos que presentaremos, estamos valorando la importancia de analizar y tomar en cuenta que desde la llegada a la  región de El Estor, de diversas empresas de Mono Cultivo, Ingenios de Azúcar y Minería, la contaminación del lago de Izabal se ha disparado exponencialmente en los últimos 12 años. La contaminación de este lago, no es un secreto a voces, al contrario, es un suceso que se ha denunciado de distintas formas y por diversos medios a nivel nacional e internacional y la responsabilidad que estas empresas tienen es casi absoluta, según estudios de impacto ambiental

Línea de tiempo de hechos del año 2017:

Febrero– Desde inicios de año, se venía denunciando  la contaminación del lago de Izabal, por pescadores artesanales de El Estor, Izabal, grupo que se organizó en una Gremial, plataforma que aglutina a 4 organizaciones.

No fueron escuchados, ni recibidos,  por ninguna entidad gubernamental, municipal, al contrario fueron criminalizados, desde un inicio.

 Marzo– Se convocó a una reunión con el Refugio de vida silvestre, Bocas del Polochic, por ser  esta organización quien estar a cargo a del área protegida de El estor Izabal, y según información de la gremial de pescadores, esta organización había ignorado, que la empresa minera CGN[2], vertiera sus desechos en el lago de Izabal.

Abril– justo antes de la semana santa, la gremial de pescadores denuncia contaminación del lago de Izabal

Mayo– fue un mes álgido lleno de acciones para la Gremial de Pescadores

3 de mayo – primera  acción de manifestación pacífica la gremial de pescadores[3] que fue criminalizada por la prensa corporativa inmediatamente.

6  de mayo– solicitud de entidades del estado, y ambientales para hacerse presente y entablar una mesa de dialogo

10 de mayo–  reunión con el alcalde municipal, y funcionarios locales para buscar una mesa de diálogo y sobre todo de resolución del conflicto medio ambiental

16 de mayo: La Gremial denuncia la falta de acciones de la municipalidad y denuncia públicamente la contaminación del lago de Izabal [4]

16 y 17 de mayo– Denuncia de los Pescadores y acciones

26 de mayo– se suman empresarios de Río dulce a la denuncia y apoyan a la gremial de pescadores [5]

27 de mayo– desalojo violento que da muerte a Carlos Maaz de la gremial de pescadores[6]

Jerson comenzó a cubrir estos hechos  desde el 10 mayo, según miembros de la gremial de pescadores, quienes dejaron claro que Jerson se ha dedicado solo a documentar.

Y según el abogado Francisco Vivar, del bufete de abogados de derechos humanos, quien acompaña el caso de criminalización de periodistas, Jerson está sindicado por hechos del 4 y 10 de mayo y nadie de la gremial indicó que se le haya visto esos días y manifestaron que había varias personas de prensa documentando, pero que es difícil asegurar si al él lo vieron el 4 en el lugar, respecto al día 10 aseguran que si acompañó, pero como periodista.

Jerson tendrá su primera audiencia el día 20 en horas de la mañana en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Puerto Barrios Izabal a cargo de Aníbal Arteaga López, un juez cuestionado y con vínculos en corrupción[7]

[1] Por motivos de seguridad, un familiar de Jerson Morales nos brindó información, pero solicitó mantenerse en el anonimato. También contamos con aportes de la reconstrucción de los hechos de Robin Macloni, periodista independiente y miembro de la Defensoría Q´eqchi.

[2] http://www.cgn.com.gt/

[3] http://www.prensalibre.com/ciudades/izabal/pescadores-retienen-a-cuatro-rusos-trabajadores-de-minera-en-el-estor-izabal

[4] Contaminación del lago de Izabal

https://www.publinews.gt/gt/guatemala/2017/05/16/contaminacion-lago-izabal-segun-ministro-ambiente.html

http://www.prensacomunitaria.org/el-estor-el-lago-de-izabal-en-serio-peligro-por-la-contaminacion-de-las-empresas/

https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/05/17/pescadores-artesanales-presentan-demanda-penal-por-contaminacion-en-el-lago-de-izabal/

http://www.prensacomunitaria.org/el-estor-pescadores-denuncian-ante-fiscalia-la-contaminacion-del-lago-de-izabal/

[5] http://www.prensacomunitaria.org/rio-dulce-se-une-a-la-lucha-antiminera-de-los-pescadores-de-el-estor/

[6] http://www.prensacomunitaria.org/el-estor-fue-la-policia-y-quiero-justicia-dice-la-esposa-del-pescador-asesinado-carlos-maaz/

http://www.prensacomunitaria.org/el-estor-pueblo-qeqchi-enterro-a-pescador-carlos-maaz-asesinato-negado-por-el-gobierno/

[7] http://www.prensacomunitaria.org/un-juez-cuestionado-y-la-esperanza-de-abelino-chub-caal-de-justicia/

 

Fotografía: Roderico Díaz

Por: Lucía Ixchíu

Desde inicios de año, como Prensa Comunitaria nos hemos acercado a documentar las diversas problemáticas que enfrenta el territorio de El Estor, Izabal. La prisión política que enfrenta  el profesor, Abelino Chub Caal, fue la razón para posicionarnos  y acercarnos al  territorio.

Esto nos llevó a publicar el pasado mes de junio una investigación sobre el Juez Aníbal Arteaga López, quien actualmente preside el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Puerto Barrios Izabal[1].

Para poder leer más sobre el juez, y su accionar como funcionario de justicia lea el siguiente enlace:

http://www.prensacomunitaria.org/un-juez-cuestionado-y-la-esperanza-de-abelino-chub-caal-de-justicia/

Este juez, ha recibido diversos casos de alto impacto y su actuar ha sido cuestionado ampliamente por su participación poco ética y parcial hacia alguna de las partes, siempre vinculado a dar fallos a favor de empresas de distinta índole, situadas en el territorio de El Estor.

En los casos de detención del miembro de la gremial de pescadores Juan Caal Suram  y del periodista Jerson Xitumul, ambos fueron remitidos al Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Puerto Barrios Izabal.

El futuro de estos casos es incierto, pues en el caso de  Abelino Chub Caal, el Ministerio Público (MP) solicitó al  Juez, que  hiciera el cierre provisional del proceso por no contar con los elementos suficientes para probar que Abelino es el responsable de los delitos que le imputan. Este juez se negó y ha sido poco ético a la hora de impartir justicia.

Según el artículo 14 de la Carta Magna de Guatemala “toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada”. Además refiere que el detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados, en forma verbal o escrita, tienen derecho de conocer personalmente, todas las actuaciones, documentos y diligencias penales, sin reserva alguna y en forma inmediata[2]

[1] http://www.prensacomunitaria.org/un-juez-cuestionado-y-la-esperanza-de-abelino-chub-caal-de-justicia/

[2] Constitución Política de la República de Guatemala.

 

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